(VERSION DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU DE 1993 EN INGLES - MAYO 2013)
(VERSION DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU DE 1993 EN QUECHUA)
NOTA : Al texto de cada artículo de la Constitución Política del Perú de 1993 se ha incluido una sumilla de carácter referencial.
FECHA DE PROMULGACION: 29-12-93
(*) Entra en vigencia a partir del 31-12-93
DEBATE CONSTITUCIONAL - 1993
COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO
TOMO I
Enlace Web: Diario de los Debates - Comisión de Constitución y Reglamento (PDF)
TOMO II
Enlace Web: Diario de los Debates - Comisión de Constitución y Reglamento (PDF)
TOMO III
Enlace Web: Diario de los Debates - Comisión de Constitución y Reglamento (PDF)
TOMO IV
Enlace Web: Diario de los Debates - Comisión de Constitución y Reglamento (PDF)
TOMO V
Enlace Web: Diario de los Debates - Comisión de Constitución y Reglamento (PDF)
DEBATE CONSTITUCIONAL PLENO 1993
TOMO I
Enlace Web: Diario de los Debates - Debate Constitucional Pleno 1993 (PDF)
TOMO II
Enlace Web: Diario de los Debates - Debate Constitucional Pleno 1993 (PDF)
TOMO III
Enlace Web: Diario de los Debates - Debate Constitucional Pleno 1993 (PDF)
CONCORDANCIAS: EXPEDIENTE N° 014-2003-AI-TC
LEY N° 28237 (Código Procesal Constitucional)
LEY N° 31307 (Nuevo Código Procesal Constitucional)
INDICE
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CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO
Jaime Yoshiyama
Presidente
COMISION DE CONTITUCION
Carlos Torres y Torres Lara
Presidente
Enrique Chirinos Soto
Vicepresidente
Barba Caballero, José |
Joy Way Rojas, Víctor |
Cáceres Velásquez, Róger |
Marcenaro Frers, Ricardo |
Chávez Cossio, Martha |
Matsuda Nishimura, Samuel |
Fernández Arce, César |
Olivera Vega, Fernando |
Ferrero Costa, Carlos |
Pease García, Henry |
Flores Nano, Lourdes |
Vílchez Malpica, Pedro |
CONGRESISTAS CONSTITUYENTES
01. Amuruz Gallegos, Róger |
28. Gamarra Olivares, Ernesto |
55. Reggiardo Sayán, Andrés |
02. Barba Caballero, José |
29. Gamonal Cruz, José |
56. Rey Rey, Rafael |
03. Barreto Estrada, Gamaliel |
30. García Mundaca, Gustavo |
57. Roberts Billig, Reynaldo |
04. Barrón Cebreros, Xavier |
31. García Saavedra, Pedro |
58. Salgado Rubianes de Paredes, Luz |
05. Bedoya de Vivanco, Guillermo Luís |
32. Guerra Ayala, Rómulo |
59. Sambuceti Pedraglio, Humberto |
06. Blanco Oropeza, Carlos |
33. Helfer Palacios, Gloria |
60. Sandoval Aguirre, Oswaldo |
07. Cáceres Velásquez, Pedro |
34. Hermoza Ríos, Juan Bosco |
61. Serrato Puse, Willy |
08. Cáceres Velásquez, Róger |
35. Huamanchumo Romero, Juan |
62. Siura Céspedes, Gilberto |
09. Carpio Muñoz, Juan Guillermo |
36. Joy Way Rojas, Víctor |
63. Sotomarino Chávez, Celso Américo |
10. Carrión Ruiz, Juan |
37. kouri Bumachar, Alexander Martín |
64. Tello Tello, Pablo Ernesto |
11. Castro Gómez , Julio |
38. La Torre Bardales, Manuel |
65. Tord Romero, Luis Enrique |
12. Chávez Cossio, Martha |
39. Larrabure Gálvez, César |
66. Torres Vallejo, Jorge |
13. Chávez Romero, Tito |
40. León Trelles, Carlos |
67. Torres y Torres Lara, Carlos |
14. Chirinos Soto, Enrique |
41. Lozada de Gamboa, María del Carmen |
68. Tudela Van Breugel-Douglas, Francisco |
15. Chu Meriz, Julio |
42. Marcenaro Frers, Ricardo |
69. Vega Ascencio, Anastasio |
16. Colchado Arellano, Genaro |
43. Matsuda Nishimura, Samuel |
70. Velásquez Gonzales, Jorge |
17. Cruz Arrunátegui, Héctor Pablo |
44. Meléndez Campos, Víctor |
71. Velásquez Ureta, Jorge Alfonso |
18. Cruzado Mantilla, Juan |
45. Moreyra Loredo, Manuel |
72. Velit Núñez, Miguel |
19. Cuaresma Sánchez, Carlos |
46. Nakamura Hinostroza, Jorge |
73. Vicuña Vásquez, Eusebio |
20. Díaz Palacios, Julio |
47. Ocharán Zegarra, Mario |
74. Vílchez Malpica, Pedro |
21. Donayre Lozano, Jorge |
48. Olivera Vega, Fernando |
75. Villar Martínez, Nicolasa |
22. Fernández Arce, César |
49. Ortiz de Zevallos Roedel, Gonzalo |
76. Vitor Alfaro, María Teresa |
23. Ferrero Costa, Carlos |
50. Pajares Ruiz, Miguel |
77. Yoshiyama Tanaka, Jaime |
24. Figueroa Vizcarra, Jorge |
51. Paredes Cueva, Mario |
78. Ysisola Farfán, Guillermo |
25. Flores Nano, Lourdes |
52. Patsias Mella, Demetrio |
79. Zamata Aguirre, Juan Hugo |
26. Flores-Aráoz Esparza, Antero |
53. Pease García, Henry |
80. Zevallos Ríos, Daniel |
27. Freundt-Thurne Oyanguren, Jaime |
54. Reátegui Trigoso, Carlos |
Alberto Fujimori Fujimori (*) |
El Presidente del Congreso Constituyente Democrático |
Presidente Constitucional de la República |
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Por cuanto: |
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Por cuanto: |
Ha sido ratificado en el referéndum del 31 de |
El Congreso Constituyente Democrático del Perú |
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Ha aprobado la Constitución Política de la República y el pueblo peruano la ha ratificado en el referéndum del 31 de octubre de 1993, se promulga la siguiente: |
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CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 1993 |
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO |
Ha dado la siguiente Constitución Política del Perú |
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(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27600, publicada el 16 diciembre 2001, se suprime la firma de Alberto Fujimori Fujimori, del texto de la Constitución Política del Estado de 1993.
El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra Patria, ha resuelto dar la siguiente Constitución:
CONSTITUCION POLITICA DEL PERU
CAPITULO I
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
Defensa de la persona humana
Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Derechos fundamentales de la persona
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.
CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONCORDANCIA NORMATIVA
3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.
4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley
Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común.(*)
(*) Extremo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31878, publicada el 23 septiembre 2023, cuyo texto es el siguiente:
"4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.
El Estado promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en todo el país.
Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común."
Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.(*)
(*) Inciso modificado por el Artículo Único de la Ley N° 31305, publicada el 23 julio 2021, cuyo texto es el siguiente:
"5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
Toda persona tiene derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. Su levantamiento solo puede efectuarse a pedido:
1. Del juez.
2. Del Fiscal de la Nación.
3. De una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.
4. Del Contralor General de la República respecto de funcionarios y servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste, en los tres niveles de gobierno, en el marco de una acción de control.
5. Del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones para los fines específicos de la inteligencia financiera.
El levantamiento de estos derechos fundamentales se efectúa de acuerdo a ley, que incluye decisión motivada y bajo responsabilidad de su titular”. (*)
(*) De conformidad con el Resolutivo Nº 2 del Expediente Nº 00019-2021-PI/TC, 00021-2021-PI/TC, 00022-2021-PI/TC (acumulados), publicado el 26 noviembre 2021, la Ley N° 31305 fue DECLARADA INCONSTITUCIONAL. De acuerdo con el Informe N° 014-2022-JUS/DGDNCR-DDJCR, las modificaciones que dicha norma pretendía introducir en el presente inciso carecen de efectos jurídicos; por lo que, se conserva la redacción del presente inciso anterior a la emisión de la Ley N° 31305, que es la siguiente:
“5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.” (*)
(*) Inciso modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 31507, publicada el 03 julio 2022, cuyo texto es el siguiente:
"5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
Toda persona tiene derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. Su levantamiento puede efectuarse a pedido:
1. Del juez.
2. Del Fiscal de la Nación.
3. De una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.
4. Del Contralor General de la República respecto de funcionarios y servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado o de organismos sostenidos por este, en los tres niveles de gobierno, en el marco de una acción de control.
5. Del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones para los fines específicos de la inteligencia financiera.
El levantamiento de estos derechos fundamentales se efectúa de acuerdo a ley, que incluye decisión motivada y bajo responsabilidad de su titular”.
6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.
7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias.
Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.
9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.
Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.
Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal.
Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial.
11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.
12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas.
13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
15. A trabajar libremente, con sujeción a ley.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONCORDANCIAS: R.N° 038-2016-SUNAFIL (Aprueban Protocolo de Actuación en materia de Trabajo Forzoso)
D.S.N° 015-2019-TR (Decreto Supremo que aprueba el III Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso 2019 - 2022)
R.M.N° 020-2020-TR (Declaran el día 1 de febrero de cada año como el “Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso”)
16. A la propiedad y a la herencia.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.
18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.
Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad.
20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer individualmente el derecho de petición.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
23. A la legítima defensa.
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:
a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PROCESOS CONSTITUCIONALES
b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas.
c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios.
d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito.
El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia.
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.(*)
(*) Literal f) modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30558, publicada el 09 mayo 2017, cuyo texto es el siguiente:
" f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia.
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término” .
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Derechos Constitucionales. Númerus Apertus
Artículo 3.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAPITULO II
DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONOMICOS
Protección a la familia. Promoción del matrimonio
Artículo 4.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.
La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley.
CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Concubinato
Artículo 5.- La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Política Nacional de población. Paternidad y maternidad responsables. Igualdad de los hijos
Artículo 6.- La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud.
Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres.
Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad.
CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Derecho a la salud. Protección al discapacitado
Artículo 7.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.
CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
“ Artículo 7-A.- El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos.
El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible” .(*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo Único de la Ley N° 30588, publicada el 22 junio 2017.
Represión al Tráfico Ilícito de Drogas
Artículo 8.- El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales.
Política Nacional de Salud
Artículo 9.- El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Derecho a la Seguridad Social
Artículo 10.- El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones
Artículo 11.- El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.
“ La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo del Estado” .(*)
(*) Segundo párrafo agregado por el Artículo 1 de la Ley N° 28389, publicada el 17 noviembre 2004.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PROCESOS CONSTITUCIONALES
Fondos de la Seguridad Social
Artículo 12.- Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Educación y libertad de enseñanza
Artículo 13.- La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo.
CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Educación para la vida y el trabajo. Los medios de comunicación social
Artículo 14.- La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.
Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país.
La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias.
La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa.
Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
“Artículo 14-A. El Estado garantiza, a través de la inversión pública o privada, el acceso a internet libre en todo el territorio nacional, con especial énfasis en las zonas rurales, comunidades campesinas y nativas”.(*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 de la Ley Nº 31878, publicada el 23 septiembre 2023.
Profesorado, carrera pública
Artículo 15.- El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes.
El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico.
Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley.
Descentralización del sistema educativo
Artículo 16.- Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados.
El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación.
Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas.
Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República.(*)
(*) Último párrafo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 31097, publicada el 29 diciembre 2020, cuyo texto es el siguiente:
" La educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad, por lo que el Estado invierte anualmente no menos del 6 % del PBI” .
CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria
Artículo 17.- La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación.
Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa.
El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera.
El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional.
CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Educación universitaria
Artículo 18.- La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia.
Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento.
La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley.
Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Régimen tributario de Centros de Educación
Artículo 19.- Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes.
Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exoneración y beneficios tributarios en la forma y dentro de los límites que fije la ley.
La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las mencionadas instituciones, así como los requisitos y condiciones que deben cumplir los centros culturales que por excepción puedan gozar de los mismos beneficios.
Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificados como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta.(*)
(*) De conformidad con la Segundo Resolutivo de la Casación N° 13708-2022-LIMA, publicada el 26 septiembre 2023, se establece que constituye precedente vinculante el principio jurisprudencial señalado en el considerando cuarto de la citada resolución, el cual se detalla a continuación: "4.1.1 Para efectos de la interpretación de los alcances del artículo 19 de la Constitución Política del Perú, en aplicación del principio de supremacía constitucional y especialidad de dicha disposición, una institución educativa particular que genere utilidades solo se encuentra afecta al impuesto a la renta, y tal afectación no puede extenderse a otros impuestos directos o indirectos que afecten sus bienes, como sería el Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN. En ese sentido, no le es aplicable lo establecido en el inciso f) del artículo 3 de la Ley N.º 28424, y así como las reglas previstas la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario puesto que esta última se refiere a las exoneraciones, incentivos o beneficios, y no a los casos de inafectación".
Colegios Profesionales
Artículo 20.- Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria.
Patrimonio Cultural de la Nación
Artículo 21.- Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado.
La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio.
Fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 31304, publicada el 23 julio 2021, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 21.- Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado.
En el caso de los bienes culturales no descubiertos ubicados en el subsuelo y en zonas subacuáticas del territorio nacional, la propiedad de estos es del Estado, la que es inalienable e imprescriptible.
Todos los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Nación ya sean de carácter público o privado, se encuentran subordinados al interés general. El Estado fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como la restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional”. (*)(**)
(*) De conformidad con el Resolutivo Nº 2 del Expediente Nº 00019-2021-PI/TC, 00021-2021-PI/TC, 00022-2021-PI/TC (acumulados), publicado el 26 noviembre 2021, la Ley N° 31304 fue DECLARADA INCONSTITUCIONAL.
(**) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 31414, publicada el 12 febrero 2022, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 21.- Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado.
En el caso de los bienes culturales no descubiertos ubicados en el subsuelo y en zonas subacuáticas del territorio nacional, la propiedad de estos es del Estado, la que es inalienable e imprescriptible.
Todos los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Nación ya sean de carácter público o privado, se encuentran subordinados al interés general. El Estado fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como la restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional”.
Protección y fomento del empleo
Artículo 22.- El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PROCESOS CONSTITUCIONALES
El Estado y el Trabajo
Artículo 23.- El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan.
El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo.
Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.
Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento.
CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PROCESOS CONSTITUCIONALES
Derechos del trabajador
Artículo 24.- El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.
El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador.
Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jornada ordinaria de trabajo
Artículo 25.- La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo.
Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio.
CONCORDANCIAS: D.S.N° 013-2019-PCM (Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1405, Decreto Legislativo que establece regulaciones para que el disfrute del descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar, para el sector público)
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Principios que regulan la relación laboral
Artículo 26.- En la relación laboral se respetan los siguientes principios:
1. Igualdad de oportunidades sin discriminación.
2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Protección del trabajador frente al despido arbitrario
Artículo 27.- La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PROCESOS CONSTITUCIONALES
Derechos colectivos del trabajador. Derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho de huelga
Artículo 28.- El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático:
1. Garantiza la libertad sindical.
2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales.
La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado.
3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Participación de los trabajadores en las utilidades
Artículo 29.- El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAPITULO III
DE LOS DERECHOS POLITICOS Y DE LOS DEBERES
Requisitos para la ciudadanía
Artículo 30.- Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral.
Participación ciudadana en asuntos públicos
Artículo 31.- Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.
Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación.
Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil.
El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad.
Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28480, publicada el 30 marzo 2005, cuyo texto es el siguiente:
Participación ciudadana en asuntos públicos
"Artículo 31.- Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.
Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación.
Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio de este derecho se requiere estar inscrito en el registro correspondiente.
El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad.
La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana.
Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos."
Consulta popular por referéndum. Excepciones
Artículo 32.- Pueden ser sometidas a referéndum:
1. La reforma total o parcial de la Constitución;
2. La aprobación de normas con rango de ley;
3. Las ordenanzas municipales; y
4. Las materias relativas al proceso de descentralización.
No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor.
Suspensión del ejercicio de la ciudadanía
Artículo 33.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende:
1. Por resolución judicial de interdicción.
2. Por sentencia con pena privativa de la libertad.
3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.
Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales
Artículo 34.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad no pueden elegir ni ser elegidos. No existen ni pueden crearse otras inhabilitaciones.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28480, publicada el 30 marzo 2005, cuyo texto es el siguiente:
Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales
" Artículo 34.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. No pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro, de acuerdo a ley."(*)
(*) De conformidad con el Numeral 1 de la Primera Disposición Transitoria y Derogatoria de la Ley N° 28581, publicada el 20 julio 2005, para efecto de lo dispuesto por el presente artículo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil asignará por una sola vez, en forma automatizada, los Grupos de Votación que correspondan a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, en servicio activo, inscritos en el Registro de acuerdo al distrito de su domicilio, de modo tal que en cada Grupo de Votación no se consigne a más de 20 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
(*) De conformidad con el Numeral 2 de la Primera Disposición Transitoria y Derogatoria de la Ley N° 28581, publicada el 20 julio 2005, para efecto de lo dispuesto por el presente artículo, el Ministerio de Economía y Finanzas transferirá los recursos requeridos por el RENIEC, para la asignación de los Grupos de Votación y emisión del DNI a los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú inscritos en ese Registro.
“Artículo 34-A. Están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso."(*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo Único de la Ley N° 31042, publicada el 15 septiembre 2020.
Organizaciones Políticas
Artículo 35.- Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica.
La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos, y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma proporcional al último resultado electoral general.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30905, publicada el 10 enero 2019, cuyo texto es el siguiente:
Organizaciones Políticas
“ Artículo 35.- Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica.
Mediante ley se establecen disposiciones orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de las organizaciones políticas y la transparencia sobre el origen de sus recursos económicos, así como su verificación, fiscalización, control y sanción.
El financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado. Se rige por ley conforme a criterios de transparencia y rendición de cuentas. El financiamiento público promueve la participación y fortalecimiento de las organizaciones políticas bajo criterios de igualdad y proporcionalidad. El financiamiento privado se realiza a través del sistema financiero con las excepciones, topes y restricciones correspondientes. El financiamiento ilegal genera la sanción administrativa, civil y penal respectiva.
Solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto” .
CONCORDANCIAS: R.J.N° 000422-2020-JN-ONPE (Autorizan la publicación del proyecto de Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios)
Asilo político
Artículo 36.- El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. En caso de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue.
Extradición
Artículo 37.- La extradición sólo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de los tratados, y según el principio de reciprocidad.
No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin de perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza.
Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por delitos políticos o por hechos conexos con ellos. No se consideran tales el genocidio ni el magnicidio ni el terrorismo.
Deberes para con la patria
Artículo 38.- Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.
CAPITULO IV
DE LA FUNCION PUBLICA
Funcionarios y trabajadores públicos
Artículo 39.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley.
" Artículo 39-A. Están impedidas de ejercer la función pública, mediante designación en cargos de confianza, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso” .(*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo Único de la Ley N° 31042, publicada el 15 septiembre 2020.
Carrera Administrativa
Artículo 40.- La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente.
" Por ley, con el voto favorable de más de la mitad del número legal de los congresistas, se amplía temporalmente la excepción del párrafo anterior, para el personal médico especialista o asistencial de salud, ante una emergencia sanitaria."(*)
No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta.
Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos. (**)
(*) Segundo párrafo incorporado por el Artículo Único de la Ley N° 31122, publicada el 10 febrero 2021.
(**) De conformidad con el Artículo 2 de la Ley Nº 31427, publicada el 25 febrero 2022, la autorización de contratación de personal médico especialista o asistencial de salud para el desempeño de más de un empleo o cargo público remunerado se configura cuando se den las circunstancias detalladas en el citado artículo. La autorización aprobada por decreto supremo a que se refiere el citado artículo exonera al personal médico especialista o asistencial de salud de los topes de ingresos del sector público y de los procesos de selección establecidos en los regímenes laborales correspondientes.
Declaración Jurada de bienes y rentas
Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.
Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial.
La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.
El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado.(*)
(*) Cuarto párrafo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30650, publicada el 20 agosto 2017, cuyo texto es el siguiente:
" El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la Administración Pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad."
Derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos
Artículo 42.- Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
CAPITULO I
DEL ESTADO, LA NACION Y EL TERRITORIO
Estado democrático de derecho. Forma de Gobierno
Artículo 43.- La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.
El Estado es uno e indivisible.
Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.
Artículo 44.- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.
Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior.
Ejercicio del poder del Estado
Artículo 45.- El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.
Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición.
Gobierno usurpador. Derecho de insurgencia
Artículo 46.- Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes.
La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional.
Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.
Defensa Judicial del Estado
Artículo 47.- La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Idiomas oficiales
Artículo 48.- Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.
Capital de la República del Perú y símbolos de la Patria
Artículo 49.- La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Su capital histórica es la ciudad del Cusco.
Son símbolos de la Patria la bandera de tres franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo, y el escudo y el himno nacional establecidos por ley.
Estado, Iglesia católica y otras confesiones
Artículo 50.- Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración.
El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Supremacía de la Constitución
Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.
CONCORDANCIA NORMATIVA
CONCORDANCIAS CON EL TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Nacionalidad
Artículo 52.- Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad.(*)
(*) Primer párrafo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30738, publicada el 14 marzo 2018, cuyo texto es el siguiente:
Nacionalidad
" Artículo 52.- Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente, conforme a ley."
Son asimismo peruanos los que adquieren la nacionalidad por naturalización o por opción, siempre que tengan residencia en el Perú.
Adquisición y renuncia de la nacionalidad
Artículo 53.- La ley regula las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad.
La nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana.
Territorio, soberanía y jurisdicción
Artículo 54.- El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre.
El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley.
En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.
El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.
CAPITULO II
Tratados
Artículo 55.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Aprobación de tratados
Artículo 56.- Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias:
1. Derechos Humanos.
2. Soberanía, dominio o integridad del Estado.
3. Defensa Nacional.
4.Obligaciones financieras del Estado.
También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución.
Tratados Ejecutivos
Artículo 57.- El Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias no contempladas en el artículo precedente. En todos esos casos, debe dar cuenta al Congreso.
Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República.
La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la República, con cargo de dar cuenta al Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de éste.
CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES
Economía Social de Mercado
Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Rol Económico del Estado
Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.
CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Pluralismo Económico
Artículo 60.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.
Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.
La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.
CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Libre competencia
Artículo 61.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.
La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Libertad de contratar
Artículo 62.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.
Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Inversión nacional y extranjera
Artículo 63.- La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas.
En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero.
El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional, en la forma en que lo disponga la ley.
CONCORDANCIAS CON EL TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Tenencia y disposición de moneda extranjera
Artículo 64.- El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Protección al consumidor
Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.
DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Recursos Naturales
Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.
Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
Política Ambiental
Artículo 67.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.
CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Conservación de la diversidad biológica y áreas naturales protegidas
Artículo 68.- El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Desarrollo de la Amazonía
Artículo 69.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada.
CAPITULO III
DE LA PROPIEDAD
Inviolabilidad del derecho de propiedad
Artículo 70.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio.
CONCORDANCIAS CON EL TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Propiedad de los extranjeros
Artículo 71.- En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, puedan invocar excepción ni protección diplomática.
Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.
Restricciones por seguridad nacional
Artículo 72.- La ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, establecer temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes.
Bienes de dominio y uso público
Artículo 73.- Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAPITULO IV
DEL REGIMEN TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL
Principio de Legalidad
Artículo 74.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.
Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio.
Los decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación. Las leyes de presupuesto no pueden contener normas sobre materia tributaria.
No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28390, publicada el 17 noviembre 2004, cuyo texto es el siguiente:
Principio de Legalidad
“ Artículo 74.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio.
Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación.
No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo."
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
De la Deuda Pública
Artículo 75.- El Estado sólo garantiza el pago de la deuda pública contraída por gobiernos constitucionales de acuerdo con la Constitución y la ley.
Las operaciones de endeudamiento interno y externo del Estado se aprueban conforme a ley.
Los municipios pueden celebrar operaciones de crédito con cargo a sus recursos y bienes propios, sin requerir autorización legal.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Obligatoriedad de la Contrata y Licitación Pública
Artículo 76.- Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes.
La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades.
Presupuesto Público
Artículo 77.- La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: gobierno central e instancias descentralizadas.
El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos. Su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y de descentralización.
Corresponde a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del impuesto a la renta percibido por la explotación de los recursos naturales en cada zona, en calidad de canon.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 26472, publicada el 13 junio 1995, cuyo texto es el siguiente:
Presupuesto Público
"Artículo 77.- La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: Gobierno Central e instancias descentralizadas.
El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización. Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon."
Proyectos de Ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero
Artículo 78.- El Presidente de la República envía al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año.
En la misma fecha, envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero.
El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado.
Los préstamos procedentes del Banco Central de Reserva o del Banco de la Nación no se contabilizan como ingreso fiscal.
No pueden cubrirse con empréstitos los gastos de carácter permanente.
No puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública.
Restricciones en el Gasto Público
Artículo 79.- Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto.
El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo.
En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas.
Sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas, puede establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país.
Sustentación del Presupuesto Público
Artículo 80.- El Ministro de Economía y Finanzas sustenta, ante el Pleno del Congreso, el pliego de ingresos. Cada ministro sustenta los pliegos de egresos de su sector. El Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación y el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones sustentan los pliegos correspondientes a cada institución.
Si la autógrafa de la Ley de Presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el treinta de noviembre, entra en vigencia el Proyecto de éste, que es promulgado por decreto legislativo.
Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso tal como la Ley de Presupuesto. Durante el receso parlamentario se tramitan ante la Comisión Permanente. Para aprobarlos, se requiere los votos de los tres quintos del número legal de sus miembros.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 29401, publicada el 08 septiembre 2009, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 80.- Sustentación del Presupuesto Público
El Ministro de Economía y Finanzas sustenta, ante el Pleno del Congreso de la República, el pliego de ingresos. Cada ministro sustenta los pliegos de egresos de su sector; previamente sustentan los resultados y metas de la ejecución del presupuesto del año anterior y los avances en la ejecución del presupuesto del año fiscal correspondiente. El Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación y el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones sustentan los pliegos correspondientes a cada institución.
Si la autógrafa de la Ley de Presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el treinta de noviembre, entra en vigencia el proyecto de este, que es promulgado por decreto legislativo.
Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso de la República tal como la Ley de Presupuesto. Durante el receso parlamentario, se tramitan ante la Comisión Permanente. Para aprobarlos, se requiere los votos de los tres quintos del número legal de sus miembros.”
La Cuenta General de la República
Artículo 81.- La Cuenta General de la República, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General, es remitida por el Presidente de la República al Congreso en un plazo que vence el quince de noviembre del año siguiente al de ejecución del presupuesto.
La Cuenta General es examinada y dictaminada por una comisión revisora dentro de los noventa días siguientes a su presentación. El Congreso se pronuncia en un plazo de treinta días. Si no hay pronunciamiento del Congreso en el plazo señalado, se eleva el dictamen de la Comisión Revisora al Poder Ejecutivo para que éste promulgue un decreto legislativo que contiene la Cuenta General.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 29401, publicada el 08 septiembre 2009, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 81.- La Cuenta General de la República
La Cuenta General de la República, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General de la República, es remitida por el Presidente de la República al Congreso de la República en un plazo que vence el quince de agosto del año siguiente a la ejecución del presupuesto.
La Cuenta General de la República es examinada y dictaminada por una comisión revisora hasta el quince de octubre. El Congreso de la República se pronuncia en un plazo que vence el treinta de octubre. Si no hay pronunciamiento del Congreso de la República en el plazo señalado, se eleva el dictamen de la comisión revisora al Poder Ejecutivo para que este promulgue un decreto legislativo que contiene la Cuenta General de la República.”
La Contraloría General de la República
Artículo 82.- La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control.
El Contralor General es designado por el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, por siete años. Puede ser removido por el Congreso por falta grave.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAPITULO V
DE LA MONEDA Y LA BANCA
El Sistema Monetario
Artículo 83.- La ley determina el sistema monetario de la República. La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del Perú.
Banco Central de Reserva del Perú
Artículo 84.- El Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica.
La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son: regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, y las demás funciones que señala su ley orgánica.
El Banco informa al país, exacta y periódicamente, sobre el estado de las finanzas nacionales, bajo responsabilidad de su Directorio.
El Banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra, en el mercado secundario, de valores emitidos por el Tesoro Público, dentro del límite que señala su Ley Orgánica.
Reservas Internacionales
Artículo 85.- El Banco puede efectuar operaciones y celebrar convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de las reservas internacionales.
Requiere autorización por ley cuando el monto de tales operaciones o convenios supera el límite señalado por el Presupuesto del Sector Público, con cargo de dar cuenta al Congreso.
Directorio del Banco Central de Reserva
Artículo 86.- El Banco es gobernado por un Directorio de siete miembros. El Poder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al Presidente. El Congreso ratifica a éste y elige a los tres restantes, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
Todos los directores del Banco son nombrados por el período constitucional que corresponde al Presidente de la República. No representan a entidad ni interés particular algunos. El Congreso puede removerlos por falta grave. En caso de remoción, los nuevos directores completan el correspondiente período constitucional.
Superintendencia de Banca y Seguros
Artículo 87.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.
La Superintendencia de Banca y Seguros ejerce el control de las empresas bancarias y de seguros, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.
La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca y Seguros.
El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca y Seguros por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28484, publicada el 05 abril 2005, cuyo texto es el siguiente:
Superintendencia de Banca y Seguros
"Artículo 87.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.
La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica."
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAPITULO VI
DEL REGIMEN AGRARIO Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS
Régimen Agrario
Artículo 88.- El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona.
Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Comunidades Campesinas y Nativas
Artículo 89.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas.
Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior.
El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAPITULO I
PODER LEGISLATIVO
Unicameralidad
Artículo 90.- El Poder Legislativo reside en el Congreso, el cual consta de Cámara Única.
El número de congresistas es de ciento veinte. El Congreso se elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Los candidatos a la presidencia no pueden integrar las listas de candidatos a congresistas. Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación a Congreso.
Para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar del derecho de sufragio.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 29402, publicada el 08 septiembre 2009.La citada reforma constitucional entró en vigencia para el proceso electoral del año 2011, cuyo texto es el siguiente:
Unicameralidad
“Artículo 90.- El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de cámara única.
El número de congresistas es de ciento treinta. El Congreso de la República se elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Los candidatos a la Presidencia de la República no pueden integrar la lista de candidatos a congresistas. Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso.
Para ser elegido congresista, se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar de derecho de sufragio."
“ Artículo 90-A.- Los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo período, de manera inmediata, en el mismo cargo” .(*)(**)
(*) Artículo incorporado por el Artículo Único de la Ley N° 30906, publicada el 10 enero 2019.
(**) De conformidad con el Artículo Primero de la Resolución N° 0187-2019-JNE, publicada el 16 noviembre 2019, se absuelve la consulta formulada por los Jurados Electorales Especiales de Ica y Lima Centro 1, en el sentido de que la prohibición de reelección inmediata contenida en el presente artículo no comprende y no le es aplicable a los congresistas de la República que integraron el Congreso disuelto el 30 de setiembre de 2019.
CONCORDANCIAS: R.N° 0352-2020-JNE (Establecen impedimentos para postular como candidatos al Congreso de la República en el proceso de Elecciones Generales 2021, en razón a la prohibición de reelección inmediata establecida por el artículo 90-A de la Constitución Política del Perú)
Impedimento para ser elegido congresista
Artículo 91.- No pueden ser elegidos congresistas si no han dejado el cargo seis meses antes de la elección:
1. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General, y las autoridades regionales.
2. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, ni el Defensor del Pueblo.
3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca y Seguros, el Superintendente de Administración Tributaria, el Superintendente Nacional de Aduanas y el Superintendente de Administradoras de Fondos Privados de Pensiones. Y(*)
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 28484, publicada el 05 abril 2005, cuyo texto es el siguiente:
"3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Superintendente Nacional de Administración Tributaria. Y"
4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad.(1)(2)
(1) Para efectos del proceso electoral que se realice en el 2001, el plazo previsto en este Artículo fue de cuatro meses, de conformidad con la Segunda Disposición Transitoria Especial de la Constitución, la misma que fue agregada por el Artículo 2 de la Ley Nº 27365, publicada el 05 noviembre 2000.
(2) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28607, publicada el 04 octubre 2005, cuyo texto es el siguiente:
Impedimento para ser elegido congresista
“Artículo 91.- No pueden ser elegidos miembros del Parlamento Nacional si no han renunciado al cargo seis (6) meses antes de la elección:
1. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General.
2. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, ni el Defensor del Pueblo.
3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y el Superintendente Nacional de Administración Tributaria.
4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad, y
5. Los demás casos que la Constitución prevé."
Función y mandato del congresista. Incompatibilidades
Artículo 92.- La función de congresista es de tiempo completo; le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso.
El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra función pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional.
La función de congresista es, asimismo, incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del Directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas públicas o prestan servicios públicos.
La función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas que, durante el mandato del congresista, obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros.(*)
(*) Último párrafo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 28484, publicada el 05 abril 2005, cuyo texto es el siguiente:
" La función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas que, durante el mandato del congresista, obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones."
Inmunidad Parlamentaria
Artículo 93.- Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.
No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.
No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 31118, publicada el 06 febrero 2021, cuyo texto es el siguiente:
“ Artículo 93.- Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.
No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo gozan de las mismas prerrogativas que los congresistas.
El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia.
En caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, es competente el juez penal ordinario”.
Reglamento del Congreso
Artículo 94.- El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de ley; elige a sus representantes en la Comisión Permanente y en las demás comisiones; establece la organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios; gobierna su economía; sanciona su presupuesto; nombra y remueve a sus funcionarios y empleados, y les otorga los beneficios que les corresponden de acuerdo a ley.
Irrenunciabilidad del Mandato Legislativo
Artículo 95.- El mandato legislativo es irrenunciable.
Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones no pueden exceder de ciento veinte días de legislatura.
Facultad de solicitar información a las Entidades Públicas
Artículo 96.- Cualquier representante a Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros, a los gobiernos locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios.(*)
(*) Primer párrafo modificado por el Artículo 4 de la Ley N° 28484, publicada el 05 abril 2005, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 96.- Cualquier representante al Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los Gobiernos Regionales y Locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios."
El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley.
Función Fiscalizadora
Artículo 97.- El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial.
Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales.
Inviolabilidad del recinto parlamentario
Artículo 98.- El Presidente de la República está obligado a poner a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demande el Presidente del Congreso.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden ingresar en el recinto del Congreso sino con autorización de su propio Presidente.
Acusación por infracción de la Constitución
Artículo 99.- Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.
Ante-Juicio Constitucional
Artículo 100.- Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad.
El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso.
En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente.
La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos.
Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Atribuciones de la Comisión Permanente
Artículo 101.- Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos por éste. Su número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario y no excede del veinticinco por ciento del número total de congresistas.
Son atribuciones de la Comisión Permanente:
1. Designar al Contralor General, a propuesta del Presidente de la República.
2. Ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de Banca y Seguros.(*)
(*) Numeral modificado por el Artículo 5 de la Ley N° 28484, publicada el 05 abril 2005, cuyo texto es el siguiente:
" 2. Ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones."
3. Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del Presupuesto, durante el receso parlamentario.
4. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue.
No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.
5. Las demás que le asigna la Constitución y las que le señala el Reglamento del Congreso.
Atribuciones del Congreso
Artículo 102.- Son atribuciones del Congreso:
1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes.
2. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.
3. Aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución.
4. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General.
5. Autorizar empréstitos, conforme a la Constitución.
6. Ejercer el derecho de amnistía.
7. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo.
8. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte, en forma alguna, la soberanía nacional.
9. Autorizar al Presidente de la República para salir del país.
10. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa.
CAPITULO II
DE LA FUNCION LEGISLATIVA
Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho
Artículo 103.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de personas.
Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal, cuando favorece al reo.
La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.
La Constitución no ampara el abuso del derecho.(*)
(*) Artículo sustituido por el Artículo 2 de la Ley N° 28389, publicada el 17 noviembre 2004, cuyo texto es el siguiente:
Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho
Artículo 103.- “ Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.
La Constitución no ampara el abuso del derecho.”
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Delegación de facultades al Poder Ejecutivo
Artículo 104.- El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa.
No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente.
Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.
El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo.
Proyectos de Ley
Artículo 105.- Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva Comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el Reglamento del Congreso. Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia.
Leyes Orgánicas
Artículo 106.- Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución.
Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquiera otra ley. Para su aprobación o modificación, se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.
CAPITULO III
DE LA FORMACION Y PROMULGACION DE LAS LEYES
Iniciativa Legislativa
Artículo 107.- El Presidente de la República y los congresistas tienen derecho de iniciativa en la formación de las leyes.
También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los municipios y los colegios profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28390, publicada el 17 noviembre 2004, cuyo texto es el siguiente:
Iniciativa Legislativa
" Artículo 107.- El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes.
También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley.”
Promulgación de las Leyes
Artículo 108.- La ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía al Presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de quince días. En caso de no promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso, o el de la Comisión Permanente, según corresponda.
Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta a éste en el mencionado término de quince días.
Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.
Vigencia y obligatoriedad de la Ley
Artículo 109.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.
CONCORDANCIAS CON EL TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PODER EJECUTIVO
El Presidente de la República
Artículo 110.- El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación.
Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento, tener más de treinta y cinco años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio.
Elección del Presidente de la República
Artículo 111.- El Presidente de la República se elige por sufragio directo. Es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos. Los votos viciados o en blanco no se computan.
Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección, dentro de los treinta días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas.
Junto con el Presidente de la República son elegidos, de la misma manera, con los mismos requisitos y por igual término, dos vicepresidentes.
Duración del mandato presidencial. Reelección inmediata
Artículo 112.- El mandato presidencial es de cinco años. El Presidente puede ser reelegido de inmediato para un período adicional. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones.(1)(2)
(1) De conformidad con el Artículo Único de la Ley Nº 26657 , publicada el 23 agosto 1996, dispone que se interprete de modo auténtico, que la reelección a que se refiere el presente artículo, está referida y condicionada a los mandatos presidenciales iniciados con posterioridad a la fecha de promulgación del referido texto constitucional. En consecuencia, interpretase auténticamente, que en el cómputo no se tienen en cuenta retroactivamente, los períodos presidenciales iniciados antes de la vigencia de la Constitución.
(2) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27365 , publicada el 05 noviembre 2000, cuyo texto es el siguiente:
Duración del mandato presidencial
"Artículo 112.- El mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección inmediata. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones." (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 31280, publicada el 16 julio 2021, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 112. El mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección inmediata. Transcurrido otro periodo constitucional, como mínimo, el expresidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones.
Culminado el mandato presidencial, el expresidente de la República, o quien hubiese ocupado el cargo, permanece dentro del territorio nacional por el periodo mínimo de un año, salvo autorización de salida aprobada por el Congreso de la República, con más de la mitad del número legal de sus miembros, considerando las razones objetivas que hubiesen motivado la solicitud”. (*)
(*) De conformidad con el Resolutivo Nº 2 del Expediente Nº 00019-2021-PI/TC, 00021-2021-PI/TC, 00022-2021-PI/TC (acumulados), publicado el 26 noviembre 2021, la Ley N° 31280 fue DECLARADA INCONSTITUCIONAL. De acuerdo con el Informe N° 014-2022-JUS/DGDNCR-DDJCR, las modificaciones que dicha norma pretendía introducir en el presente artículo carecen de efectos jurídicos; por lo que, se conserva la redacción del presente artículo anterior a la emisión de la Ley N° 31280, que es la siguiente:
“Artículo 112.- El mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección inmediata. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones.”
Vacancia de la Presidencia de la República
Artículo 113.- La Presidencia de la República vaca por:
1. Muerte del Presidente de la República.
2.Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.
3. Aceptación de su renuncia por el Congreso.
4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y
5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución.
Suspensión del ejercicio de la Presidencia
Artículo 114.- El ejercicio de la Presidencia de la República se suspende por:
1. Incapacidad temporal del Presidente, declarada por el Congreso, o
2. Hallarse éste sometido a proceso judicial, conforme al artículo 117 de la Constitución.
Impedimento temporal o permanente del ejercicio de la Presidencia
Artículo 115.- Por impedimento temporal o permanente del Presidente de la República, asume sus funciones el Primer Vicepresidente. En defecto de éste, el Segundo Vicepresidente. Por impedimento de ambos, el Presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el Presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones.
Cuando el Presidente de la República sale del territorio nacional, el Primer Vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el Segundo Vicepresidente.(*)
(*) De conformidad con el Artículo Unico de la Ley Nº 27375, publicada el 05 diciembre 2000, se interpreta que el mandato conferido por el presente artículo al Presidente del Congreso de la República para que asuma las funciones de Presidente de la República por impedimento permanente de este último y de los vicepresidentes no implica la vacancia de su cargo de Presidente del Congreso ni de su condición de Congresista de la República.
Asunción del cargo presidencial
Artículo 116.- El Presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo, ante el Congreso, el 28 de julio del año en que se realiza la elección.
Excepción a la inmunidad presidencial
Artículo 117.- El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
Atribuciones del Presidente de la República
Artículo 118.- Corresponde al Presidente de la República:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.
2. Representar al Estado, dentro y fuera de la República.
3. Dirigir la política general del Gobierno.
4. Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República.
5. Convocar a elecciones para Presidente de la República y para representantes a Congreso, así como para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la ley.
6. Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria; y firmar, en ese caso, el decreto de convocatoria.
7. Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el Presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso. Los mensajes del Presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros.
8. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones.
9. Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales.
10. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones.
11. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y celebrar y ratificar tratados.
12. Nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso.
13. Recibir a los agentes diplomáticos extranjeros, y autorizar a los cónsules el ejercicio de sus funciones.
14. Presidir el Sistema de Defensa Nacional; y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
15. Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado.
16. Declarar la guerra y firmar la paz, con autorización del Congreso.
17. Administrar la hacienda pública.
18. Negociar los empréstitos.
19. Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia.
20. Regular las tarifas arancelarias.
21. Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.
22. Conferir condecoraciones en nombre de la Nación, con acuerdo del Consejo de Ministros.
23. Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero. Y
24. Ejercer las demás funciones de gobierno y administración que la Constitución y las leyes le encomiendan.
CAPITULO V
DEL CONSEJO DE MINISTROS
Dirección y gestión de los Servicios Públicos
Artículo 119.- La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Refrendación Ministerial
Artículo 120.- Son nulos los actos del Presidente de la República que carecen de refrendación ministerial.
Consejo de Ministros
Artículo 121.- Los ministros, reunidos, forman el Consejo de Ministros. La ley determina su organización y funciones.
El Consejo de Ministros tiene su Presidente. Corresponde al Presidente de la República presidir el Consejo de Ministros cuando lo convoca o cuando asiste a sus sesiones.
Nombramiento y remoción del Presidente del Consejo de Ministros y demás Ministros
Artículo 122.- El Presidente de la República nombra y remueve al Presidente del Consejo. Nombra y remueve a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo, respectivamente, del Presidente del Consejo.
Atribuciones del Presidente del Consejo de Ministros y demás Ministros
Artículo 123.- Al Presidente del Consejo de Ministros, quien puede ser ministro sin cartera, le corresponde:
1. Ser, después del Presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno.
2. Coordinar las funciones de los demás ministros.
3. Refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley.
Requisitos para ser Ministro de Estado
Artículo 124.- Para ser Ministro de Estado, se requiere ser peruano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber cumplido veinticinco años de edad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pueden ser ministros.
Atribuciones del Consejo de Ministros
Artículo 125.- Son atribuciones del Consejo de Ministros:
1. Aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete al Congreso.
2. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el Presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley.
3. Deliberar sobre asuntos de interés público. Y
4. Las demás que le otorgan la Constitución y la ley.
Acuerdos del Consejo de Ministros
Artículo 126.- Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, y consta en acta.
Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa.
Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.
Encargo de la Función Ministerial
Artículo 127.- No hay ministros interinos. El Presidente de la República puede encomendar a un ministro que, con retención de su cartera, se encargue de otra por impedimento del que la sirve, sin que este encargo pueda prolongarse por más de treinta días ni trasmitirse a otros ministros.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Responsabilidad de los Ministros
Artículo 128.- Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan.
Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Concurrencia de Ministros al Congreso
Artículo 129.- El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas.
Concurren también cuando son invitados para informar.
El Presidente del Consejo o uno, por lo menos, de los ministros concurre periódicamente a las sesiones plenarias del Congreso para la estación de preguntas.
CAPITULO VI
DE LAS RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO
Exposición de la Política General del Gobierno. Cuestión de Confianza
Artículo 130.- Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza.
Si el Congreso no está reunido, el Presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria.
Interpelación a los Ministros
Artículo 131.- Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros, o de cualquiera de los ministros, cuando el Congreso los llama para interpelarlos.
La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del quince por ciento del número legal de congresistas. Para su admisión, se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles; la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión.
El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del décimo.
Voto de censura o rechazo de la cuestión de confianza
Artículo 132.- El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros, o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última sólo se plantea por iniciativa ministerial.
Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros, o contra cualquiera de los ministros, debe ser presentada por no menos del veinticinco por ciento del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.
El Consejo de Ministros, o el ministro censurado, debe renunciar.
El Presidente de la República acepta la dimisión dentro de las setenta y dos horas siguientes.
La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación. (*)
(*) De conformidad con el Artículo Único de la Ley N° 31355, publicada el 21 octubre 2021, la facultad que tiene un ministro y la del presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo, de plantear una cuestión de confianza conforme al último párrafo del presente artículo, está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos. La cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al Reglamento del Congreso. El resultado de la votación es comunicado expresamente al Poder Ejecutivo, mediante oficio, para que surta efecto. Solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión.
Crisis total del gabinete
Artículo 133.- El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. (*)
(*) De conformidad con el Artículo Único de la Ley N° 31355, publicada el 21 octubre 2021, la facultad que tiene un ministro y la del presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo, de plantear una cuestión de confianza conforme al presente artículo, está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos.
Disolución del Congreso
Artículo 134.- El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros.
El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente.
No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta.
No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario.
Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto.
CONCORDANCIAS: D.S.N° 165-2019-PCM (Decreto Supremo que disuelve el Congreso de la República y convoca a elecciones para un nuevo Congreso)
Instalación del nuevo Congreso
Artículo 135.- Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros, o negarle la cuestión de confianza, después de que el Presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario.
En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale.
Restitución de facultades del Congreso disuelto
Artículo 136.- Si las elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado, el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de Ministros. Ninguno de los miembros de éste puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del período presidencial.
El Congreso extraordinariamente así elegido sustituye al anterior, incluida la Comisión Permanente, y completa el período constitucional del Congreso disuelto.
CAPITULO VII
REGIMEN DE EXCEPCION
Estados de excepción. Estado de Emergencia y Estado de Sitio
Artículo 137.- El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan:
1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie.
El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República.
2. Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CAPITULO VIII
PODER JUDICIAL
Administración de Justicia. Control difuso
Artículo 138.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.
En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Principios de la Administración de Justicia
Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.
No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.
No hay proceso judicial por comisión o delegación.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.
Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
6. La pluralidad de la instancia.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley.
En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
10. El principio de no ser penado sin proceso judicial.
11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
12. El principio de no ser condenado en ausencia.
13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención.
16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley.
18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida.
19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad.
20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley.
21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados.
22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONCORDANCIAS: D.LEG.N° 1343 (Decreto Legislativo para la promoción e implementación de cárceles productivas)
Pena de muerte
Artículo 140.- La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada.
Casación
Artículo 141.- Corresponde a la Corte Suprema fallar en casación, o en última instancia, cuando la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley. Asimismo, conoce en casación las resoluciones del Fuero Militar, con las limitaciones que establece el artículo 173.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Resoluciones no revisables por el Poder Judicial
Artículo 142.- No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces.
Organos Jurisdiccionales
Artículo 143.- El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración.
Los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de Justicia y las demás cortes y juzgados que determine su ley orgánica.
Presidencia del Poder Judicial. Sala Plena
Artículo 144.- El Presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. La Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial.
Presupuesto del Poder Judicial
Artículo 145.- El Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso.
Exclusividad de la Función Jurisdiccional
Artículo 146.- La función jurisdiccional es incompatible con cualquiera otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo.
Los jueces sólo perciben las remuneraciones que les asigna el Presupuesto y las provenientes de la enseñanza o de otras tareas expresamente previstas por la ley.
El Estado garantiza a los magistrados judiciales:
1. Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley.
2. La inamovilidad en sus cargos. No pueden ser trasladados sin su consentimiento.
3. Su permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias de su función.Y
4. Una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía.
Requisitos para ser Magistrado de la Corte Suprema
Artículo 147.- Para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere:
1. Ser peruano de nacimiento;
2. Ser ciudadano en ejercicio;
3. Ser mayor de cuarenta y cinco años;
4. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años.
Acción contencioso-administrativa
Artículo 148.- Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa.
CONCORDANCIAS CON EL TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ejercicio de la función jurisdiccional por las comunidades campesinas y nativas
Artículo 149.- Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.
CAPITULO IX
DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
(*) De conformidad con la Única Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30904, publicada el 10 enero 2019, se modifica en todas las disposiciones correspondientes del ordenamiento jurídico nacional la denominación de “Consejo Nacional de la Magistratura” por el de “Junta Nacional de Justicia”.
Consejo Nacional de la Magistratura
Artículo 150.- El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de elección popular.
El Consejo Nacional de la Magistratura es independiente y se rige por su Ley Orgánica.
Academia de la Magistratura
Artículo 151.- La Academia de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, se encarga de la formación y capacitación de jueces y fiscales en todos sus niveles, para los efectos de su selección.
Es requisito para el ascenso la aprobación de los estudios especiales que requiera dicha Academia.
Jueces de Paz y de Primera Instancia
Artículo 152.- Los Jueces de Paz provienen de elección popular.
Dicha elección, sus requisitos, el desempeño jurisdiccional, la capacitación y la duración en sus cargos son normados por ley.
La ley puede establecer la elección de los jueces de primera instancia y determinar los mecanismos pertinentes.(*)
(*) De conformidad con el Artículo Primero de la Resolución Administrativa Nº 102-2001-CE-PJ, publicada el 08 septiembre 2001, se establece que, en tanto se expida el dispositivo legal que desarrolle el mandato previsto en el presente artículo, la designación de jueces de paz, en los casos de vencimiento de períodos para los que hubieren sido nombrados, se ajustará a lo previsto en el Artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Prohibición a Jueces y Fiscales
Artículo 153.- Los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política, de sindicarse y de declararse en huelga.
Atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura
Artículo 154.- Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura:
1. Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros.
2. Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias.
3. Aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es inimpugnable.
4. Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30904, publicada el 10 enero 2019, cuyo texto es el siguiente:
Atribuciones de la Junta Nacional de Justicia
“ Artículo 154.- Son funciones de la Junta Nacional de Justicia:
1. Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto público y motivado conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros.
CONCORDANCIAS: R.N° 046-2021-JNJ (Aprueban el Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales- Ascenso, el cual forma parte de la presente resolución.)
R.N° 047-2021-JNJ (Aprueban el Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales - Acceso Abierto)
R.N° 140-2021-JNJ, Art. Segundo (Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales - Ascenso)
2. Ratificar, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años; y ejecutar conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial de desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años seis meses. Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público.
3. Aplicar la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. En el caso de los jueces supremos y fiscales supremos también será posible la aplicación de amonestación o suspensión de hasta ciento veinte (120) días calendario, aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La resolución final debe ser motivada y con previa audiencia del interesado. Tiene naturaleza de inimpugnable.
CONCORDANCIAS: R.N° 008-2020-JNJ (Aprueban el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia)
4. Registrar, custodiar, mantener actualizado y publicar el Registro de Sanciones Disciplinarias de Jueces y Fiscales.
5. Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita.
CONCORDANCIAS: R.N° 034-2020-JNJ (Aprueban el Reglamento de Expedición y Cancelación de Títulos de Jueces, Juezas y Fiscales)
6. Presentar un informe anual al Pleno del Congreso."
Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura
Artículo 155.- Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la materia:
1. Uno elegido por la Corte Suprema, en votación secreta en Sala Plena.
2. Uno elegido, en votación secreta, por la Junta de Fiscales Supremos.
3. Uno elegido por los miembros de los Colegios de Abogados del país, en votación secreta.
4. Dos elegidos, en votación secreta, por los miembros de los demás Colegios Profesionales del país, conforme a ley.
5. Uno elegido en votación secreta, por los rectores de las universidades nacionales.
6. Uno elegido, en votación secreta, por los rectores de las universidades particulares.
El número de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura puede ser ampliado por éste a nueve, con dos miembros adicionales elegidos en votación secreta por el mismo Consejo, entre sendas listas propuestas por las instituciones representativas del sector laboral y del empresarial.
Los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos, conjuntamente con los suplentes, por un período de cinco años.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30904, publicada el 10 enero 2019, cuyo texto es el siguiente:
Miembros de la Junta Nacional de Justicia
" Artículo 155.- La Junta Nacional de Justicia está conformada por siete miembros titulares seleccionados mediante concurso público de méritos, por un período de cinco años. Está prohibida la reelección. Los suplentes son convocados por estricto orden de mérito obtenido en el concurso.
El concurso público de méritos está a cargo de una Comisión Especial, conformada por:
1) El Defensor del Pueblo, quien la preside;
2) El Presidente del Poder Judicial;
3) El Fiscal de la Nación;
4) El Presidente del Tribunal Constitucional;
5) El Contralor General de la República;
6) Un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de cincuenta años de antigüedad; y,
7) Un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de cincuenta años de antigüedad.
La Comisión Especial debe instalarse, a convocatoria del Defensor del Pueblo, seis meses antes del vencimiento del mandato de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y cesa con la juramentación de los miembros elegidos.
La selección de los miembros es realizada a través de un procedimiento de acuerdo a ley, para lo cual, la Comisión Especial cuenta con el apoyo de una Secretaría Técnica Especializada. El procedimiento brinda las garantías de probidad, imparcialidad, publicidad y transparencia."
CONCORDANCIAS: R.N° 002-2019-CE (Aprueban el Reglamento Interno de la Comisión Especial a cargo del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia)
R.N° 003-2019-CE (Bases del Concurso Público de Méritos para el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia)
R.N° 004-2019-CE (Establecen disposiciones para la presentación de documentos en físico de postulantes inscritos en línea, y para la subsanación de omisión)
R.N° 017-2019-CE (Bases de la segunda convocatoria del Concurso Público de Méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia)
Requisitos para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura
Artículo 156.- Para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura se requieren los mismos requisitos que para ser Vocal de la Corte Suprema, salvo lo previsto en el inciso 4 del artículo 147. El miembro del Consejo Nacional de la Magistratura goza de los mismos beneficios y derechos y está sujeto a las mismas obligaciones e incompatibilidades.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30904, publicada el 10 enero 2019, cuyo texto es el siguiente:
Requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia
" Artículo 156.- Para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere:
1. Ser peruano de nacimiento.
2. Ser ciudadano en ejercicio.
3. Ser mayor de cuarenta y cinco (45) años, y menor de setenta y cinco (75) años.
4. Ser abogado:
a. Con experiencia profesional no menor de veinticinco (25) años; o,
b. Haber ejercido la cátedra universitaria por no menos de veinticinco (25) años; o,
c. Haber ejercido la labor de investigador en materia jurídica por lo menos durante quince (15) años.
5. No tener sentencia condenatoria firme por delito doloso.
6. Tener reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral.
Los miembros de la Junta Nacional de Justicia gozan de los mismos beneficios y derechos y están sujetos a las mismas obligaciones e incompatibilidades que los jueces supremos. Su función no debe incurrir en conflicto de intereses y es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada fuera del horario de trabajo. Salvo la docencia universitaria” .
CONCORDANCIAS: R.N° 002-2019-CE (Aprueban el Reglamento Interno de la Comisión Especial a cargo del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia)
R.N° 003-2019-CE (Bases del Concurso Público de Méritos para el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia)
R.N° 004-2019-CE (Establecen disposiciones para la presentación de documentos en físico de postulantes inscritos en línea, y para la subsanación de omisión)
R.N° 017-2019-CE (Bases de la segunda convocatoria del Concurso Público de Méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia)
Remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura
Artículo 157.- Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros.
CAPITULO X
DEL MINISTERIO PUBLICO
Ministerio Público
Artículo 158.- El Ministerio Público es autónomo. El Fiscal de la Nación lo preside. Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de Fiscal de la Nación dura tres años, y es prorrogable, por reelección, sólo por otros dos. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Les afectan las mismas incompatibilidades. Su nombramiento está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de los miembros del Poder Judicial en su respectiva categoría.
Atribuciones del Ministerio Público
Artículo 159.- Corresponde al Ministerio Público:
1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.
3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad.
4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.
5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONCORDANCIAS : R.N° 3182-2013-MP-FN (Aprueban Directiva Nº 002-2013-MP-FN “Actuación Fiscal en la Prisión Preventiva conforme al Código Procesal Penal del 2004, puesto en vigencia mediante Ley Nº 30076”)
Presupuesto del Ministerio Público
Artículo 160.- El proyecto de presupuesto del Ministerio Público se aprueba por la Junta de Fiscales Supremos. Se presenta ante el Poder Ejecutivo y se sustenta en esa instancia y en el Congreso.
CAPITULO XI
DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
Defensoría del Pueblo
Artículo 161.- La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere.
Su estructura, en el ámbito nacional, se establece por ley orgánica.
El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos tercios de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas.
Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido treinta y cinco años de edad y ser abogado.
El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades que los vocales supremos.
Atribuciones de la Defensoría del Pueblo
Artículo 162.- Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.
El Defensor del Pueblo presenta informe al Congreso una vez al año, y cada vez que éste lo solicita. Tiene iniciativa en la formación de las leyes. Puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones.
El proyecto de presupuesto de la Defensoría del Pueblo es presentado ante el Poder Ejecutivo y sustentado por su titular en esa instancia y en el Congreso.
CAPITULO XII
DE LA SEGURIDAD Y DE LA DEFENSA NACIONAL
El Sistema de Defensa Nacional
Artículo 163.- El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional.
La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la ley.
Dirección, preparación y ejercicio del Sistema de Defensa Nacional
Artículo 164.- La dirección, la preparación y el ejercicio de la Defensa Nacional se realizan a través de un sistema cuya organización y cuyas funciones determina la ley. El Presidente de la República dirige el Sistema de Defensa Nacional.
La ley determina los alcances y procedimientos de la movilización para los efectos de la defensa nacional.
Finalidad de las Fuerzas Armadas
Artículo 165.- Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución.
Finalidad de la Policía Nacional
Artículo 166.- La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.
CONCORDANCIAS: D.LEG.N° 1267, Art. III (Función Policial)
Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
Artículo 167.- El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Organización y funciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
Artículo 168.- Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo; y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Las Fuerzas Armadas organizan sus reservas y disponen de ellas según las necesidades de la Defensa Nacional, de acuerdo a ley.
Carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
Artículo 169.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional.
Requerimiento logístico de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
Artículo 170.- La ley asigna los fondos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tales fondos deben ser dedicados exclusivamente a fines institucionales, bajo el control de la autoridad señalada por la ley.
Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el desarrollo del país
Artículo 171.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país, y en la defensa civil de acuerdo a ley.
Efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ascensos
Artículo 172.- El número de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se fija anualmente por el Poder Ejecutivo. Los recursos correspondientes son aprobados en la Ley de Presupuesto.
Los ascensos se confieren de conformidad con la ley. El Presidente de la República otorga los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales de la Policía Nacional, según propuesta del instituto correspondiente.
Competencia del Fuero Privativo Militar
Artículo 173.- En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de éste no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina. La casación a que se refiere el artículo 141 sólo es aplicable cuando se imponga la pena de muerte.
Quienes infringen las normas del Servicio Militar Obligatorio están asimismo sometidos al Código de Justicia Militar.
CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Equivalencia de derechos de oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
Artículo 174.- Los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes. La ley establece las equivalencias correspondientes al personal militar o policial de carrera que no tiene grado o jerarquía de oficial.
En ambos casos, los derechos indicados sólo pueden retirarse a sus titulares por sentencia judicial.
Uso y posesión de armas de guerra
Artículo 175.- Sólo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y usar armas de guerra. Todas las que existen, así como las que se fabriquen o se introduzcan en el país pasan a ser propiedad del Estado sin proceso ni indemnización.
Se exceptúa la fabricación de armas de guerra por la industria privada en los casos que la ley señale.
La ley reglamenta la fabricación, el comercio, la posesión y el uso, por los particulares, de armas distintas de las de guerra.
CAPITULO XIII
DEL SISTEMA ELECTORAL
Finalidad y funciones del Sistema Electoral
Artículo 176.- El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa.
Tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales o de referéndum u otras consultas populares; el mantenimiento y la custodia de un registro único de identificación de las personas; y el registro de los actos que modifican el estado civil.
Conformación del Sistema Electoral
Artículo 177.- El sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones; la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación, de acuerdo con sus atribuciones.
Atribuciones del Jurado Nacional de Elecciones
Artículo 178.- Compete al Jurado Nacional de Elecciones:
1. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también la elaboración de los padrones electorales.
2. Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas.
3. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral.
CONCORDANCIAS: Ley N° 30322 (Ley que crea la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral)
4. Administrar justicia en materia electoral.
5. Proclamar a los candidatos elegidos; el resultado del referéndum o el de otros tipos de consulta popular y expedir las credenciales correspondientes.
6. Las demás que la ley señala.
En materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones tiene iniciativa en la formación de las leyes.
Presenta al Poder Ejecutivo el proyecto de Presupuesto del Sistema Electoral que incluye por separado las partidas propuestas por cada entidad del sistema. Lo sustenta en esa instancia y ante el Congreso.
Composición del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
Artículo 179.- La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un Pleno compuesto por cinco miembros:
1. Uno elegido en votación secreta por la Corte Suprema entre sus magistrados jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido. El representante de la Corte Suprema preside el Jurado Nacional de Elecciones.
2. Uno elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos, entre los Fiscales Supremos jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido.
3. Uno elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima, entre sus miembros.
4. Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades públicas, entre sus ex decanos.
5. Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades privadas, entre sus ex decanos.
Miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Requisitos
Artículo 180.- Los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser menores de cuarenta y cinco años ni mayores de setenta. Son elegidos por un período de cuatro años. Pueden ser reelegidos. La ley establece la forma de renovación alternada cada dos años.
El cargo es remunerado y de tiempo completo. Es incompatible con cualquiera otra función pública, excepto la docencia a tiempo parcial.
No pueden ser miembros del Pleno del Jurado los candidatos a cargos de elección popular, ni los ciudadanos que desempeñan cargos directivos con carácter nacional en las organizaciones políticas, o que los han desempeñado en los cuatro años anteriores a su postulación.
Resoluciones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
Artículo 181.- El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Artículo 182.- El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por el propio Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
Le corresponde organizar todos los procesos electorales, de referéndum y los de otros tipos de consulta popular, incluido su presupuesto, así como la elaboración y el diseño de la cédula de sufragio. Le corresponde asimismo la entrega de actas y demás material necesario para los escrutinios y la difusión de sus resultados. Brinda información permanente sobre el cómputo desde el inicio del escrutinio en las mesas de sufragio. Ejerce las demás funciones que la ley le señala.
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
Artículo 183.- El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por dicho Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene a su cargo la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, y otros actos que modifican el estado civil. Emite las constancias correspondientes. Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. Proporciona al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Mantiene el registro de identificación de los ciudadanos y emite los documentos que acreditan su identidad.
Ejerce las demás funciones que la ley señala.
Nulidad de los procesos electorales
Artículo 184.- El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos.
La ley puede establecer proporciones distintas para las elecciones municipales.
Escrutinio Público
Artículo 185.- El escrutinio de los votos en toda clase de elecciones, de referéndum o de otro tipo de consulta popular se realiza en acto público e ininterrumpido sobre la mesa de sufragio. Sólo es revisable en los casos de error material o de impugnación, los cuales se resuelven conforme a ley.
Orden y seguridad durante los comicios
Artículo 186.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales dicta las instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal durante los comicios. Estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Elecciones pluripersonales
Artículo 187.- En las elecciones pluripersonales hay representación proporcional, conforme al sistema que establece la ley.
La ley contiene disposiciones especiales para facilitar el voto de los peruanos residentes en el extranjero.
(1) Hacer Click para ver el CAPÍTULO XIV - Sustituido por la Ley N° 27680.
(2) CAPÍTULO XIV VIGENTE de conformidad con el Artículo Único de la Ley Nº 27680, publicada el 07 marzo 2002, cuyo texto es el siguiente:
“CAPÍTULO XIV
DE LA DESCENTRALIZACIÓN
Artículo 188.- La descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales.
Los Poderes del Estado y los Organismos Autónomos así como el Presupuesto de la República se descentralizan de acuerdo a ley.
Artículo 189.- El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación.
El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos. El ámbito del nivel local de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Artículo 190.- Las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, cultural, administrativa y económicamente, conformando unidades geoeconómicas sostenibles.
El proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos en los actuales departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. Estos gobiernos son gobiernos regionales.
Mediante referéndum podrán integrarse dos o más circunscripciones departamentales contiguas para constituir una región, conforme a ley. Igual procedimiento siguen las provincias y distritos contiguos para cambiar de circunscripción regional.
La ley determina las competencias y facultades adicionales, así como incentivos especiales, de las regiones así integradas.
Mientras dure el proceso de integración, dos o más gobiernos regionales podrán crear mecanismos de coordinación entre sí. La ley determinará esos mecanismos.
CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Artículo 191.- Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones.
La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador, el Presidente como órgano ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional integrado por los alcaldes provinciales y por representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo y de coordinación con las municipalidades, con las funciones y atribuciones que les señala la ley.
El Consejo Regional tendrá un mínimo de siete (7) miembros y un máximo de veinticinco (25), debiendo haber un mínimo de uno (1) por provincia y el resto, de acuerdo a ley, siguiendo un criterio de población electoral.
El Presidente es elegido conjuntamente con un vice-presidente, por sufragio directo por un período de cuatro (4) años, y puede ser reelegido. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por igual período. El mandato de dichas autoridades es revocable e irrenunciable, conforme a ley.
La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades nativas y pueblos originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28607, publicada el 04 octubre 2005, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 191.- Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones.
La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador, el Presidente como órgano ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional integrado por los alcaldes provinciales y por representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo y de coordinación con las municipalidades, con las funciones y atribuciones que les señala la ley. El Consejo Regional tendrá un mínimo de siete (7) miembros y un máximo de veinticinco (25), debiendo haber un mínimo de uno (1) por provincia y el resto, de acuerdo a ley, siguiendo un criterio de población electoral.
El Presidente es elegido conjuntamente con un vicepresidente, por sufragio directo por un período de cuatro (4) años, y puede ser reelegido. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por igual período. El mandato de dichas autoridades es revocable, conforme a ley, e irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución. Para postular a Presidente de la República, Vicepresidente, miembro del Parlamento Nacional o Alcalde; los Presidentes de los Gobiernos Regionales deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de la elección respectiva.
La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales." (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30305, publicada el 10 marzo 2015, cuyo texto es el siguiente:
“ ARTÍCULO 191.- Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones.
La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional, como órgano normativo y fiscalizador, el Gobernador Regional, como órgano ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional integrado por los alcaldes provinciales y por representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo y de coordinación con las municipalidades, con las funciones y atribuciones que les señala la ley. El Consejo Regional tendrá un mínimo de siete (7) miembros y un máximo de veinticinco (25), debiendo haber un mínimo de uno (1) por provincia y el resto, de acuerdo a ley, siguiendo un criterio de población electoral.
El Gobernador Regional es elegido conjuntamente con un Vicegobernador Regional, por sufragio directo por un período de cuatro (4) años. El mandato de dichas autoridades es revocable, conforme a ley. No hay reelección inmediata. Transcurrido otro período, como mínimo, los ex Gobernadores Regionales o ex Vicegobernadores Regionales pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por igual período. El mandato de dichas autoridades es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución.
Para postular a Presidente de la República, Vicepresidente, Congresista o Alcalde; los Gobernadores y Vicegobernadores Regionales deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de la elección respectiva.
La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales.
Los Gobernadores Regionales están obligados a concurrir al Congreso de la República cuando éste lo requiera de acuerdo a ley y al Reglamento del Congreso de la República, y bajo responsabilidad” .
CONCORDANCIAS: R.N° 0286-2015-JNE (Establecen precisiones sobre plazos referidos a renuncias de autoridades y altos funcionarios que pretendan postular a los cargos de presidente y vicepresidente de la República, congresistas y representantes ante
el Parlamento Andino, así como para solicitar licencia sin goce de haber para ser candidatos, en el caso de funcionarios y trabajadores del Estado)
Artículo 192.- Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo.
Son competentes para:
1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.
2. Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la sociedad civil.
3. Administrar sus bienes y rentas.
4. Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de su responsabilidad.
5. Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes.
6. Dictar las normas inherentes a la gestión regional.
7. Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a ley.
8. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional.
9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia.
10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley.
CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Artículo 193.- Son bienes y rentas de los gobiernos regionales:
1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.
2. Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de Presupuesto.
3. Los tributos creados por ley a su favor.
4. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones y servicios que otorguen, conforme a ley.
5. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Regional, que tiene carácter redistributivo, conforme a ley.
CONCORDANCIAS: Ley N° 31069, Art. 3 (Constitución del Fondo de Compensación Regional (Foncor))
6. Los recursos asignados por concepto de canon.
7. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquellas que realicen con el aval del Estado, conforme a ley.
8. Los demás que determine la ley.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Artículo 194.- Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a ley.
La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley.
Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. Pueden ser reelegidos. Su mandato es revocable e irrenunciable, conforme a ley.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28607, publicada el 04 octubre 2005, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 194.- Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a ley.
La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley.
Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. Pueden ser reelegidos. Su mandato es revocable, conforme a ley, e irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución.
Para postular a Presidente de la República, Vicepresidente, miembro del Parlamento Nacional o Presidente del Gobierno Regional; los Alcaldes deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de la elección respectiva.” (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30305, publicada el 10 marzo 2015, cuyo texto es el siguiente:
“ ARTÍCULO 194.- Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a ley.
La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley.
Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. No hay reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido otro período, como mínimo, pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones. Su mandato es revocable, conforme a ley. El mandato de alcaldes y regidores es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución.
Para postular a Presidente de la República, Vicepresidente, Congresista, Gobernador o Vicegobernador del Gobierno Regional; los Alcaldes deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de la elección respectiva” .
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONCORDANCIAS: R.N° 0286-2015-JNE (Establecen precisiones sobre plazos referidos a renuncias de autoridades y altos funcionarios que pretendan postular a los cargos de presidente y vicepresidente de la República, congresistas y representantes ante
el Parlamento Andino, así como para solicitar licencia sin goce de haber para ser candidatos, en el caso de funcionarios y trabajadores del Estado)
Artículo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.
Son competentes para:
1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.
2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil.
3. Administrar sus bienes y rentas.
4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley.
5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad.
6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial.
7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.
8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley.
9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia.
10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley.
CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Artículo 196.- Son bienes y rentas de las municipalidades:
1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.
2. Los tributos creados por ley a su favor.
3. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por Ordenanzas Municipales, conforme a ley.
4. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones y servicios que otorguen, conforme a ley.
5. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal, que tiene carácter redistributivo, conforme a ley.
6. Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de Presupuesto.
7. Los recursos asignados por concepto de canon.
8. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquellas que requieran el aval del Estado, conforme a ley.
9. Los demás que determine la ley.
Artículo 197.- Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley.
CONCORDANCIAS: D.LEG.N° 1316, Art. 4 (Cooperación con las municipalidades)
Artículo 198.- La Capital de la República no integra ninguna región. Tiene régimen especial en las leyes de descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades. La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce sus competencias dentro del ámbito de la provincia de Lima.
Las municipalidades de frontera tienen, asimismo, régimen especial en la Ley Orgánica de Municipalidades.
Artículo 199.- Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos de fiscalización y por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o legal, y están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la República, la que organiza un sistema de control descentralizado y permanente. Los mencionados gobiernos formulan sus presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley.”
Acciones de Garantía Constitucional
Artículo 200.- Son garantías constitucionales:
1. La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.
2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.(*)
(*) Inciso modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 26470, publicada el 12 junio 1995, cuyo texto es el siguiente:
"2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente.
No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular."
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
3. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2, incisos 5, 6 y 7 de la Constitución.(*)
(*) Inciso modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 26470, publicada el 12 junio 1995, cuyo texto es el siguiente:
" 3. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución."
4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
5. La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.
6. La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.
Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas.
El ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137 de la Constitución.
Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Tribunal Constitucional
Artículo 201.- El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de siete miembros elegidos por cinco años.
Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reelección inmediata.
Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Atribuciones del Tribunal Constitucional
Artículo 202.- Corresponde al Tribunal Constitucional:
1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.
2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento.
3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley.
CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Personas facultadas para interponer Acción de Inconstitucionalidad
Artículo 203.- Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad:
1. El Presidente de la República;
2. El Fiscal de la Nación;
3. El Defensor del Pueblo;
4. El veinticinco por ciento del número legal de congresistas;
5. Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Si la norma es una ordenanza municipal, está facultado para impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente señalado;
6. Los presidentes de Región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional, o los alcaldes provinciales con acuerdo de su Concejo, en materias de su competencia.(*)
(*) Numeral modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30305, publicada el 10 marzo 2015, cuyo texto es el siguiente:
" 6. Los Gobernadores Regionales con acuerdo del Consejo Regional, o los alcaldes provinciales con acuerdo de su Concejo, en materias de su competencia."
7. Los colegios profesionales, en materias de su especialidad.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30651, publicada el 20 agosto 2017, cuyo texto es el siguiente:
“ Artículo 203.- Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad:
1. El Presidente de la República.
2. El Fiscal de la Nación.
3. El Presidente del Poder Judicial, con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
4. El Defensor del Pueblo.
5. El veinticinco por ciento del número legal de congresistas.
6. Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Si la norma es una ordenanza municipal, está facultado para impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente señalado.
7. Los Gobernadores Regionales con acuerdo del Consejo Regional, o los alcaldes provinciales con acuerdo de su Concejo, en materias de su competencia.
8. Los colegios profesionales, en materias de su especialidad” .
Sentencia del Tribunal Constitucional
Artículo 204.- La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto.
No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción Supranacional
Artículo 205.- Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte.
Reforma Constitucional
Artículo 206.- Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República.
La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros; a los congresistas; y a un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral.
Regímenes pensionarios de los Servidores Públicos
Primera.- Los nuevos regímenes sociales obligatorios, que sobre materia de pensiones de los trabajadores públicos, se establezcan, no afectan los derechos legalmente obtenidos, en particular el correspondiente a los regímenes de los decretos leyes 19990 y 20530 y sus modificatorias.(*)
(*) Texto sustituido por el Artículo 3 de la Ley N° 28389, publicada el 17 noviembre 2004, cuyo texto es el siguiente:
“ Declárase cerrado definitivamente el régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530. En consecuencia a partir de la entrada en vigencia de esta Reforma Constitucional:
1. No están permitidas las nuevas incorporaciones o reincorporaciones al régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530.
2. Los trabajadores que, perteneciendo a dicho régimen, no hayan cumplido con los requisitos para obtener la pensión correspondiente, deberán optar entre el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Por razones de interés social, las nuevas reglas pensionarias establecidas por ley se aplicarán inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de los regímenes pensionarios a cargo del Estado, según corresponda. No se podrá prever en ellas la nivelación de las pensiones con las remuneraciones, ni la reducción del importe de las pensiones que sean inferiores a una Unidad Impositiva Tributaria.
La ley dispondrá la aplicación progresiva de topes a las pensiones que excedan de una Unidad Impositiva Tributaria.
El ahorro presupuestal que provenga de la aplicación de nuevas reglas pensionarias será destinado a incrementar las pensiones más bajas, conforme a ley. Las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios actuales, así como los nuevos regímenes pensionarios que se establezcan en el futuro, deberán regirse por los criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación.(**)
Autorízase a la entidad competente del Gobierno Nacional a iniciar las acciones legales correspondientes para que se declare la nulidad de las pensiones obtenidas ilegalmente, salvo los casos definidos por sentencias con carácter de cosa juzgada que se hayan pronunciado expresamente sobre el fondo del asunto o que las respectivas acciones hubieran prescrito.”
(**) De conformidad con el Resolutivo N° 4 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 050-2004-AI-TC, publicada el 12 junio 2005,se INTERPRETA que de, conformidad con el fundamento 159 , el cuarto párrafo de la presente disposición, tiene el sentido de que la totalidad del ahorro proveniente de la aplicación de las nuevas reglas pensionarias, debe ser destinado a mejorar el sistema de seguridad social, lo cual supone, entre otros muchos aspectos, gastos en infraestructura y logística de salud, compra de más y mejores medicamentos, capacitación del personal de salud y mejora de sus honorarios, entre otros.
Pago y reajuste de pensiones que administra el Estado
Segunda.- El Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones que administra, con arreglo a las previsiones presupuestarias que éste destine para tales efectos, y a las posibilidades de la economía nacional.
No son acumulables servicios prestados a la actividad pública y privada
Tercera.- En tanto subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad privada y la pública, en ningún caso y por ningún concepto pueden acumularse servicios prestados bajo ambos regímenes. Es nulo todo acto o resolución en contrario.
Interpretación de los derechos fundamentales
Cuarta.- Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.
Elecciones municipales
Quinta.- Las elecciones municipales se alternan con las generales de modo que aquéllas se realizan a mitad del período presidencial, conforme a ley. Para el efecto, el mandato de los alcaldes y regidores que sean elegidos en las dos próximas elecciones municipales durará tres y cuatro años respectivamente.
Términos del mandato de alcaldes y regidores elegidos en 1993
Sexta.- Los alcaldes y regidores elegidos en el proceso electoral de 1993 y sus elecciones complementarias concluyen su mandato el 31 de diciembre de 1995.
Elecciones por Distrito Unico
Sétima.- El primer proceso de elecciones generales que se realice a partir de la vigencia de la presente Constitución, en tanto se desarrolla el proceso de descentralización, se efectúa por distrito único.
Leyes de Desarrollo Constitucional
Octava.- Las disposiciones de la Constitución que lo requieran son materia de leyes de desarrollo constitucional.
Tienen prioridad :
1. Las normas de descentralización y, entre ellas, las que permitan tener nuevas autoridades elegidas a más tardar en 1995. Y
2. Las relativas a los mecanismos y al proceso para eliminar progresivamente los monopolios legales otorgados en las concesiones y licencias de servicios públicos.
Renovación de miembros del Jurado Nacional de Elecciones
Novena.- La renovación de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, instalado conforme a esta Constitución, se inicia con los elegidos por el Colegio de Abogados de Lima y por las Facultades de Derecho de las universidades públicas.
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
Décima.- La ley establece el modo como las oficinas, los funcionarios y servidores del Registro Civil de los gobiernos locales y los del Registro Electoral se integran al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Aplicación progresiva de Disposiciones de la Constitución
Undécima.- Las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos o mayores gastos públicos se aplican progresivamente.
Organización Política Departamental
Duodécima.- La organización política departamental de la República comprende los departamentos siguientes: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali; y la Provincia Constitucional del Callao.
Consejos Transitorios de Administración Regional
Decimotercera.- Mientras no se constituyan las Regiones y hasta que se elija a sus presidentes de acuerdo con esta Constitución, el Poder Ejecutivo determina la jurisdicción de los Consejos Transitorios de Administración Regional actualmente en funciones, según el área de cada uno de los departamentos establecidos en el país.
Vigencia de la Constitución
Decimocuarta.- La presente Constitución, una vez aprobada por el Congreso Constituyente Democrático, entra en vigencia, conforme al resultado del referéndum regulado mediante ley constitucional.
Disposiciones no aplicables al Congreso Constituyente Democrático
Decimoquinta.- Las disposiciones contenidas en la presente Constitución, referidas a número de congresistas, duración del mandato legislativo, y Comisión Permanente, no se aplican para el Congreso Constituyente Democrático.
Sustitución de la Constitución de 1979
Decimosexta.- Promulgada la presente Constitución, sustituye a la del año 1979.
"Primera.- El Presidente y los Vicepresidentes de la República elegidos en las Elecciones Generales de 2000, concluirán su mandato el 28 de julio de 2001. Los congresistas elegidos en el mismo proceso electoral culminarán su representación el 26 de julio de 2001. No son de aplicación para ellos, por excepción, los plazos establecidos en los Artículos 90 y 112 de la Constitución Política".(1)(2)
(1) Disposición Transitoria Especial agregada por el Artículo 2 de la Ley Nº 27365, publicada el 05 noviembre 2000.
(2) De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 028-2000-PCM, publicado el 10 noviembre 2000, se convoca a Elecciones Generales el domingo 8 de abril del año 2001, para la elección del Presidente de la República y Vicepresidentes, así como de los Congresistas de la República.
" Segunda.- Para efectos del proceso electoral que se realice en el 2001, el plazo previsto en el primer párrafo del Artículo 91 de la Constitución será de cuatro meses." (*)
(*) Disposición Transitoria Especial agregada por el Artículo 2 de la Ley Nº 27365, publicada el 05 noviembre 2000.
"Tercera.- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) distribuye los escaños en cantidad de cuatro para Lima Provincias sin afectar la distribución nacional existente y los seis escaños restantes conforme a ley.” (*)
(*) Disposición incorporada por el Artículo Único de la Ley N° 29402, publicada el 08 septiembre 2009. La citada reforma constitucional entró en vigencia para el proceso electoral del año 2011.
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO
DECLARA que el Perú, país del hemisferio austral, vinculado a la Antártida por costas que se proyectan hacia ella, así como por factores ecológicos y antecedentes históricos, y conforme con los derechos y obligaciones que tiene como parte consultiva del Tratado Antártico, propicia la conservación de la Antártida como una Zona de Paz dedicada a la investigación científica, y la vigencia de un régimen internacional que, sin desmedro de los derechos que corresponden a la Nación, promueva en beneficio de toda la humanidad la racional y equitativa explotación de los recursos de la Antártida, y asegure la protección y conservación del ecosistema de dicho Continente.
LINK DE ACCESO AL CUADRO DE MODIFICACIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 1 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 107-2010 LA LIBERTAD
CAS. 163-2010 LAMBAYEQUE
CAS. 540-2007-TACNA
CAS. 553-2001-LAMBAYEQUE
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
D.Leg. 346, Art. IV num. 1 (Ley Política Nacional de Población)
R.M. Nº 389-2004-MINSA (Precisan que la expedición del Certificado de Nacido Vivo es gratuita en todos los establecimientos de salud del país, públicos y privados) R.M. Nº 148-2012-MINSA (Aprueban Directiva Administrativa que establece procedimiento para el registro del Certificado de Nacido Vivo en todos los establecimientos de salud del país)
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Caso Baldeón García Vs. Perú - Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, Capitulo VIII, Párrafo 82
Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú - Sentencia de Fondo, reparaciones y costas, Capitulo XI, Párrafo 124
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 17-2006-AREQUIPA
CAS. 107-2010 LA LIBERTAD
CAS. 163-2010 LAMBAYEQUE
CAS. 288-2007-JUNIN
CAS. 540-2007-TACNA
CAS. 997-2010-LIMA
CAS. 1006-2007 LIMA
CAS. 1066-01-HUAURA
CAS. 1559-2010 ICA
CAS. 1324-2009-PIURA
CAS. 1394-2011-LA LIBERTAD
CAS. 1576-2001-PUNO
CAS. 1602-2011-LIMA
CAS. 1644-2007-LIMA
CAS. 1758-2005-ICA
CAS. 1972-2009-AREQUIPA
CAS. 2026-2006-LIMA
CAS. 2264-2010-HUAURA
CAS. 2338-2005-DEL SANTA
CAS. 2599-2009-LIMA
CAS. 2628-2010-LA LIBERTAD
CAS. 2726-2002-AREQUIPA
CAS. 3168-2002-LIMA
CAS. 3362-2009 LIMA
CAS. 3386-2009-EL SANTA
CAS. 3609-2009-LIMA
CAS. 3744-2006-AREQUIPA
CAS. 3765-2010-LIMA
CAS. 4143-2010-CALLAO
CAS. 4491-2009-TACNA
CAS. 4664-2010 PUNO
CAS. 4724-2010-CALLAO
CAS. 4881-2009-AMAZONAS
CAS. 5234-2009-CAJAMARCA
CAS. 5246-2009-CAJAMARCA
CAS. 5250-2009-CAJAMARCA
CAS. 5540-2009-LA LIBERTAD
CAS. 5270-2009-LA LIBERTAD
CAS. 5930-2007-DEL SANTA
CAS. 7040-2008-LA LIBERTAD
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 171-2007 LIMA NORTE
CAS. 233-2001-LIMA
CAS. 1120-2002-PUNO
CAS. 1346-2002-CAJAMARCA
CAS. 1576-2001-PUNO
CAS. 2239-2001-LIMA
CAS. 2712-2007 LIMA
CAS. 3571-2001-CAÑETE
CAS. 4123-2001-JAEN
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
R. Leg. N° 26583 (Aprueban la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer") Ley N° 28983 (Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres)
D.S. Nº 004-2008-MIMDES (Precisan que los estatutos de todas las formas de organización jurídica sin fines de lucro deberán adecuarse a las normas de la Constitución Política del Perú y de la Ley relativas a la igualdad jurídica del varón y la mujer)
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú - Sentencia de Fondo, reparaciones y costas, Capitulo XIV, Párrafo 146
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
LEY N° 27806 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública)
D.S.N° 043-2003-PCM (Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública)
LEY Nº 29733 (Ley de protección de datos personales)
D.U. Nº 035-2001
D.S.N° 021-2019-JUS (Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública)
R. N° 003285-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA (SE DECLARA PRECEDENTE ADMINISTRATIVO DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA EL SIGUIENTE CRITERIO: “LAS BOLETAS DE PAGO DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS TIENEN NATURALEZA PÚBLICA, CON EXCEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS DESCUENTOS QUE SE REALICEN A LOS INGRESOS EN CUANTO SU DIVULGACIÓN CONSTITUYE UNA INVASIÓN A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR”)
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
LEY Nº 29733 (Ley de protección de datos personales)
Ley Nº 30024, Art. 7 (Confidencialidad del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas)
Ley N° 30229, Art. 6 (Confidencialidad del Remate Electrónico Judicial (REM@JU))
R.D.N° 02-2020-JUS-DGTAIPD (Aprueban Directiva para el Tratamiento de Datos Personales mediante Sistemas de Videovigilancia)
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
LEY N° 26775 (Establecen derecho de rectificación de personas afectadas por afirmaciones inexactas en medios de comunicación social)
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 9 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 10 DEL ARTÍCULO DE LA CONSTITUCIÓN
LEY N° 27697 (Ley que otorga facultad al Fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en Caso Excepcional)
CONCORDANCIA AL INCISO 11 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. 02399-2012-PHC-TC
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 13 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Caso Huilca Tecse Vs. Perú - Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, Capitulo VII, Párrafo 69
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 13 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 621-2007-PIURA
CAS.938-2009-LIMA
CAS. 1561-2009-MOQUEGUA
CAS. 1614-2010-CUSCO
CAS. 3449-2009 LIMA
CAS. 3576-2009-LIMA
CAS. 3845-2008-CAJAMARCA
CAS. 4712-2009-LIMA NORTE
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 14 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 2068-99-CUSCO
CAS. 2204-2001-LIMA
CAS. 1380-2001-LAMBAYEQUE
CAS. 2250-2001-CAMANA-AREQUIPA
CAS. 1646-2001-CUSCO
CAS. 2982-2002-LIMA
CAS.559-2002-LIMA
CAS. 2562-2002-CAÑETE
CAS. 2720-2002-LIMA
CAS. 3178-02-HUAURA
CAS. 2746-2002SAN ROMAN
CAS. 1051-2001-CALLAO
CAS. 3571-2001-CAÑETE
CAS. 2266-02-LA LIBERTAD
CAS. 3523-2002-LIMA
CAS. 2306-2001-LAMBAYEQUE
CAS. 2269-2002-CONO NORTE-LIMA
CAS. 1896-01-LAMBAYEQUE
CAS. 2072-01-LIMA
CAS. 2829-2003-LAMBAYEQUE
CAS. 3611-01-LA LIBERTAD
CAS. 1455-2003-AYACUCHO
CAS. 2260-2003-ICA
CAS. 667-2004-LA LIBERTAD
CAS. 1073-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 5373-2006-SAN MARTÍN
CAS. 1632-2006-LIMA
CAS. 2623-2001-CAMANÁ- AREQUIPA
CAS. 1102-2004-PIURA
CAS. 1542-2004-CHINCHA
CAS. 1148-2003-LIMA
CAS. 871-2004-LIMA
CAS. 2380-2007-LIMA
CAS. 3574-2006 LIMA
CAS. 380-2007-LIMA NORTE
CAS. 879-2008-AREQUIPA
CAS. 4942-2006-CAJAMARCA
CAS. 1229-2002-ICA
CAS. 4649-2008 LIMA
CAS. 3922-2009-LIMA
CAS. 304-2008-LIMA
CAS. 1280-2007-TACNA
CAS. 4059-2008-LIMA
CAS. 3845-2008-CAJAMARCA
CAS. 5384-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 3531-2008-LIMA
CAS. 2602-2007-PUNO
CAS. 2140-2010-LIMA
CAS. 1614-2010-CUSCO
CAS. 2473-2010-ANCASH
CAS. 5031-2009-CUSCO
CAS. 2413-2010-LIMA
CAS. 330-2010-LIMA
CAS. 5406-2009-LIMA
CAS. 4256-2009-LA LIBERTAD
CAS. 4243-2009-CALLAO
CAS. 3361-2009-LIMA
CAS. 3930-2009-LIMA
CAS. 1749-2009-UCAYALI
CAS. 2169-2009-LIMA
CAS. 2800-2009-ANCASH
CAS. 4419-2009-LIMA
CAS. 2984-2009-JUNÍN
CAS. 1443-2009-CAJAMARCA
CAS. 1500-2009-HUANUCO
CAS. 2915-2009-LIMA
CAS. 1662-2009-CAJAMARCA
CAS. 1561-2009-MOQUEGUA
CAS. 641-2011-LIMA NORTE
CAS. 2745-2010-LIMA
CAS. 3254-2010-UCAYALI
CAS. 3860-2010-APURÍMAC
CAS. 3672-2010-LIMA
CAS. 997-2010-LIMA
CAS. 3112-2010-LIMA
CAS.1542-2010-CUSCO
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 15 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 015 2001 LIMA
CAS. 071-2001-LIMA
CAS. 1054-01-CONO NORTE
CAS. 1137-2008. LIMA
CAS. 2204-2001-LIMA
CAS. 2704-2009 LIMA
CAS. 3178-02-HUAURA
CAS. 4256-2009-LA LIBERTAD
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 16 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú - Sentencia de Fondo, reparaciones y costas, Capitulo XII, párrafo 120
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 16 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 3243-2000-LA LIBERTAD
CAS. 1924-99-ICA
CAS. 2068-99-CUSCO
CAS. 2204-2001-LIMA
CAS. 2250-2001-CAMANA-AREQUIPA
CAS. 3475-2000-LA LIBERTAD
CAS. 2562-2002-CAÑETE
CAS. 2720-2002-LIMA
CAS. 1376-2002-SAN ROMAN
CAS. 3248-2002-LAMBAYEQUE
CAS. 2703-2001-LA LIBERTAD
CAS. 3533-2001-ICA
CAS. 1747-2003-ICA
CAS. 3586-2002-CAMANÁ
CAS. 2028-04-AREQUIPA
CAS. 1664-2004-SULLANA-PIURA
CAS. 2293-2006-CONO NORTE-LIMA
CAS. 1267-2006-LA LIBERTAD
CAS. 396-2006-CAJAMARCA
CAS. 261-2006-DEL SANTA
CAS. 5095-2006-AREQUIPA
CAS. 3838-2006-PIURA
CAS. 3110-2005-CALLAO
CAS. 1695-2006-LIMA
CAS. 36-06-LIMA
CAS. 1520-2005-PIURA
CAS. 1212-2004-AREQUIPA
CAS. 943-2005-LIMA
CAS. 2315-2004-AYACUCHO
CAS. 1237-2005-ICA
CAS. 911-2003-CONO NORTE DE LIMA
CAS. 320-2004-LAMBAYEQUE
CAS. 2038-2004-CALLAO
CAS. 2024-04-CAÑETE
CAS. 1874-2004-SAN MARTIN
CAS. 1202-2004-PIURA
CAS. 257-2005-LA LIBERTAD
CAS. 2111-2004-TACNA
CAS. 427-2004-SANTA-CHIMBOTE
CAS. 1624-2004-LA LIBERTAD
CAS. 3670-2006-LIMA
CAS. 4526-2006-DEL SANTA
CAS. 3740-2006-HUAURA
CAS. 3416-2006-HUAURA
CAS. 3441-2007-MOQUEGUA
CAS. 4826-2007-LIMA
CAS. 1456-2008-PIURA
CAS. 2229-2008 LAMBAYEQUE
CAS. 4244-2007-LAMBAYEQUE
CAS. 3272-2007-LIMA
CAS. 2400-2008-ICA
CAS. 2080-2008-PIURA
CAS. 1021-2008-ANCASH
CAS. 4042-2008-HUAURA
CAS. 2156-2007-TACNA
CAS. 2817-2008-LIMA
CAS. 1760-2010-AYACUCHO
CAS. 2473-2010-ANCASH
CAS. 151-2010-DEL SANTA
CAS. 1042-2010-LIMA
CAS. 942-2010-LAMBAYEQUE
CAS. 4619-2009-UCAYALI
CAS. 866-2010-LIMA
CAS.1640-2010-LIMA
CAS. 3347-2009-UCAYALI
CAS. 2573-2009-ANCASH
CAS. 2762-2009-LIMA
CAS. 1746-2009-CUSCO
CAS. 1682-2009-CAJAMARCA
CAS. 1434-2009-LIMA
CAS. 5086-2008-JUNÍN
CAS. 226-2009-PUNO
CAS. 3834-2008-CAJAMARCA
CAS. 3128-2010-CALLAO
CAS. 2414-2011-PIURA
CAS. 5106-2010-LAMBAYEQUE
CAS. 4628-2010-PIURA
CAS. 4284-2010-ICA
CAS. 4148-2010-LA LIBERTAD
CAS. 1902-2010-LIMA NORTE
CAS. 8502-2008-PIURA
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 17 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
R.M. N° 535-2004-MEM-DM
Ley N° 26300 (Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos)
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 18 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Caso De La Cruz Flores Vs. Perú - Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, Capitulo VII, párrafo 97
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 19 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
Ley Nº 28736 (Ley para la protección de pueblos indígenas u organismos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial)
D.S.N° 011-2018-MINEDU (Decreto Supremo que aprueba el Mapa Etnolingüístico: lenguas de los pueblos indígenas u originarios del Perú - Mapa Etnolingüístico del Perú)
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 20 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 2204-2001-LIMA
CAS. 1986-02-UCAYALI
CAS. 1346-2002-CAJAMARCA
CAS. 2013-2003-AREQUIPA
CAS. 1909-2003-LIMA
CAS. 976-2003 TACNA
CAS. 2052-2002-AREQUIPA
CAS. 1073-2004-CHINCHA-ICA
CAS. 2263-2004-JUNÍN
CAS. 2971-2006-AREQUIPA
CAS. 724-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 642-2006-LIMA
CAS. 396-2006-CAJAMARCA
CAS. 2526-2005-PIURA
CAS. 620-2005-AYACUCHO
CAS. 621-2007-PIURA
CAS. 3480-2006-SANTA
CAS. 005-2007-HUAURA
CAS. 1320-2000-ICA
CAS. 2890-2005-ICA
CAS. 936-2005-AYACUCHO
CAS. 1366-04-LIMA
CAS. 1318-04-LIMA
CAS. 5265-2007-LIMA
CAS. 1163-2008-PIURA
CAS. 4854-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 2273-2007-LORETO
CAS. 1037-2005 TUMBES
CAS. 5930-2007-DEL SANTA
CAS. 17-2006-AREQUIPA
CAS. 2224-2007-LIMA
CAS. 1658-2007-LIMA
CAS. 4619-2009-UCAYALI
CAS. 3386-2009-EL SANTA
CAS.1640-2010-LIMA
CAS. 2115-2009-LA LIBERTAD
CAS. 1561-2009-MOQUEGUA
CAS. 2414-2011-PIURA
CAS. 2745-2010-LIMA
CAS. 3036-2011-LIMA
CAS. 107-2010 LA LIBERTAD
CAS. 3858-2010-ICA
CAS. 4881-2009-AMAZONAS
CAS. 2253-2010-LA LIBERTAD
CAS. 8502-2008-PIURA
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 21 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú - Sentencia de fondo, reparaciones y costas, Capitulo X, párrafo 91
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 22 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
D.S. N° 010-2005-PCM
D.S. N° 015-2005-SA (Valores permisibles para agentes químicos en ambiente de trabajo)
R.M.N° 066-2016-MINAM (Aprueban la “Guía General para el Plan de Compensación Ambiental”)
D.S.N° 013-2018-MINAM (Decreto Supremo que aprueba la reducción del plástico de un solo uso y promueve el consumo
responsable del plástico en las entidades del Poder Ejecutivo)
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 22 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 24 LITERAL A DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONCORDANCIA AL INCISO 24 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 24, LITERAL D) DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú - Sentencia de fondo, reparaciones y costas, Capitulo X, Párrafo 121
Caso De La Cruz Flores Vs. Perú - Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, Capitulo VII, párrafo 104
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 24 LITERAL D DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 24 LITERAL E) DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Caso Cantoral Benavides Vs. Perú - Sentencia de Fondo, Capitulo XII, párrafo 120
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 24 LITERAL E DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 24 LITERAL F) DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú - Sentencia de Fondo, reparaciones y costas, Capitulo X, párrafo 108
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 24 LITERAL G) DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Caso Cantoral Benavides Vs. Perú - Sentencia de Fondo, Capitulo XI, párrafo 83
Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú - Sentencia de fondo, reparaciones y costas, Capitulo VIII, párrafo 104
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 24 LITERAL H) DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ
R.M. Nº 0405-2007-ED (Aprueban Lineamientos de acción en caso de maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento sexual y violación de la libertad sexual a estudiantes de Instituciones Educativas)
R.M.N° 0519-2012-ED (Aprueban Directiva “Lineamientos para la prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia ejercida por personal de las Instituciones Educativas”)
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 24 LITERAL H) DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ
SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Caso Loayza Tamayo Vs. Perú - Sentencia de fondo, Capitulo XIII, párrafo 57
Caso Cantoral Benavides Vs. Perú - Sentencia de Fondo, Capitulo XI, párrafo 102
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 24 LITERAL H DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 3 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú - Sentencia de Fondo, reparaciones y costas, Capitulo XIII, párrafo 163
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 553-2001-LAMBAYEQUE
CAS. 2428-2001-LIMA
CAS. 1729-2001-JUNIN
CAS. 1066-01-HUAURA
CAS. 2726-2002-AREQUIPA
CAS. 1986-02-UCAYALI
CAS. 1346-2002-CAJAMARCA
CAS. 2624-2002-SICUANI
CAS 1120-2002 PUNO
CAS. 1548-2005 LA LIBERTAD
CAS. 2263-2004 JUNÍN
CAS. 1187-2004 JUNÍN
CAS. Nº 2026-2006-LIMA
CAS. 2890-2005 - ICA
CAS 1758-2005 ICA
CAS. 3744-2006 AREQUIPA
CAS. 5003-2007 LIMA
CAS. 1398-2008 ICA
CAS. 3344-2007 PIURA
CAS. 540-2007 TACNA
CAS. 1006-2007 LIMA
CAS. 1488-2007 LIMA
CAS. 2264-2010 HUAURA
CAS. 3765-2010-LIMA
CAS. 1559-2010 ICA
CAS. 5250-2009-CAJAMARCA
CAS. 5540-2009-LA LIBERTAD
CAS. 5246-2009-CAJAMARCA
CAS. 5234-2009-CAJAMARCA
CAS. 1972-2009-AREQUIPA
CAS. 4724-2010-CALLAO
CAS. 1394-2011-LA LIBERTAD
CAS. 5232-2010-LIMA NORTE
CAS. 3036-2011-LIMA
CAS. 760-2010-CAJAMARCA
CAS. 2500-2010-LIMA
CAS. 4881-2009-AMAZONAS
CAS. 4143-2010-CALLAO
CAS. 2628-2010-LA LIBERTAD
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 3361-2000-LORETO
CAS. 3243-2000-LA LIBERTAD
CAS. 2428-2001-LIMA
CAS. 2890-2005-ICA
CAS. 1758-2005-ICA
CAS. 3142-2005-LA LIBERTAD
CAS. 2646-04-ICA
CAS. 1398-2008-ICA
CAS. 3344-2007-PIURA
CAS. 540-2007-TACNA
CAS. 2264-2010-HUAURA
CAS. 3765-2010-LIMA
CAS. 5246-2009-CAJAMARCA
CAS. 5234-2009-CAJAMARCA
CAS. 4664-2010 PUNO
CAS.4223-2009-AREQUIPA
CAS. 5270-2009-LA LIBERTAD
CAS. 3253-2009-LAMBAYEQUE
CAS. 2366-2009-LIMA NORTE
CAS. 1972-2009-AREQUIPA
CAS. 2112-2009-CALLAO
CAS. 2887-2009-LA LIBERTAD
CAS. 3926-2008-AREQUIPA
CAS. 682-2009-LIMA
CAS. 1602-2011-LIMA
CAS. 4724-2010-CALLAO
CAS. 1394-2011-LA LIBERTAD
CAS. 5232-2010-LIMA NORTE
CAS. 2500-2010-LIMA
CAS. 4881-2009-AMAZONAS
CAS. 4143-2010-CALLAO
CAS. 2628-2010-LA LIBERTAD
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN
D.Leg. 346 (Ley Política Nacional de Población)
Ley N° 28970 (Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos)
R.A. Nº 136-2007-CE-PJ (Crean el Registro de Deudores Alimentarios Morosos -REDAM y aprueban Directiva)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 3361-2000-LORETO
CAS. 3243-2000-LA LIBERTAD
CAS. 1729-2001-JUNIN
CAS. 1066-01-HUAURA
CAS. 2726-2002-AREQUIPA
CAS. 1986-02-UCAYALI
CAS. 3505-2001-PIURA
CAS. 1548-2005 LA LIBERTAD
CAS. 2263-2004-JUNÍN
CAS. 1187-2004-JUNÍN
CAS. 2026-2006-LIMA
CAS. 2890-2005-ICA
CAS. 1758-2005-ICA
CAS. 3142-2005-LA LIBERTAD
CAS. 2646-04-ICA
CAS. 2602-2004-AREQUIPA
CAS. 1637-2004-LIMA
CAS. 1398-2008-ICA
CAS. 3344-2007-PIURA
CAS. 540-2007-TACNA
CAS. 1006-2007-LIMA
CAS. 2264-2010-HUAURA
CAS. 3765-2010-LIMA
CAS. 1559-2010 ICA
CAS. 5250-2009-CAJAMARCA
CAS. 5540-2009-LA LIBERTAD
CAS. 5246-2009-CAJAMARCA
CAS. 5234-2009-CAJAMARCA
CAS. 3054-2010-CUSCO
CAS. 4664-2010 PUNO
CAS. 2112-2009-CALLAO
CAS. 2887-2009-LA LIBERTAD
CAS. 3926-2008-AREQUIPA
CAS. 682-2009-LIMA
CAS. 1602-2011-LIMA
CAS. 760-2010-CAJAMARCA
CAS. 2500-2010-LIMA
CAS. 4881-2009-AMAZONAS
CAS. 4143-2010-CALLAO
CAS. 2628-2010-LA LIBERTAD
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN
LEY Nº 27050
Ley N° 29973 (Ley General de la Persona con Discapacidad)
D.S.N° 002-2014-MIMP (Reglamento de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 2726-2002-AREQUIPA
CAS. 1986-02-UCAYALI
CAS. 3168-2002-LIMA
CAS. 2791-2003-AMAZONAS
CAS. 1548-2005 LA LIBERTAD
CAS. 1187-2004-JUNÍN
CAS. 1566-2004-SULLANA
CAS. 3765-2010-LIMA
CAS. 1559-2010 ICA
CAS. 4476-2009 CALLAO
CAS. 3609-2009-LIMA
CAS. 4619-2009-UCAYALI
CAS. 5250-2009-CAJAMARCA
CAS. 5246-2009-CAJAMARCA
CAS. 4491-2009-TACNA
CAS. 3926-2008-AREQUIPA
CAS. 1602-2011-LIMA
CAS. 1394-2011-LA LIBERTAD
CAS. 3036-2011-LIMA
CAS. 760-2010-CAJAMARCA
CAS. 4881-2009-AMAZONAS
CAS. 4143-2010-CALLAO
CAS. 2628-2010-LA LIBERTAD
CAS. 2253-2010-LA LIBERTAD
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 645-2001-LIMA CAS. 091-2001-LIMA
CAS. 291-2002 LA LIBERTAD
CAS. 1342-2003 AREQUIPA
CAS. 2068-2003-ICA
CAS. 534-2004 HUÁNUCO-PASCO
CAS. 2526-2005-PIURA
CAS. 2375-2005-LAMBAYEQUE
CAS. 2338-2005-DEL SANTA
CAS. 2256-2004-LIMA
CAS. 1474-2005-DEL SANTA
CAS. 1644-2007-LIMA
CAS. 4476-2009 CALLAO
CAS. 077-2010-LIMA
CAS. 2099-2010-LIMA
CAS. 700-2009-LA LIBERTAD
CAS. 6759-2008-LA LIBERTAD
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 645-2001-LIMA CAS. 091-2001-LIMA
CAS. 1833-2000 LIMA
CAS. 715-2003 HUÁNUCO-PASCO
CAS. 291-2002 LA LIBERTAD
CAS. 1342-2003 AREQUIPA
CAS. 2526-2005-PIURA
CAS. 2375-2005-LAMBAYEQUE
CAS. 2338-2005-DEL SANTA
CAS. 1463-2005-DEL SANTA
CAS. 1474-2005-DEL SANTA
CAS. 4476-2009 CALLAO
CAS. 3362-2009 LIMA CAS. 2599-2009-LIMA
CAS. 077-2010-LIMA
CAS. 2099-2010-LIMA
CAS. 700-2009-LA LIBERTAD
CAS. 6759-2008-LA LIBERTAD
CONCORDANCIA AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 12 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 645-2001-LIMA CAS. 715-2003 HUÁNUCO-PASCO
CAS. 291-2002 LA LIBERTAD
CAS. 1342-2003 AREQUIPA
CAS. 2068-2003-ICA
CAS. 1209-2005 LA LIBERTAD
CAS. 2627-2005-LAMBAYEQUE
CAS. 2526-2005-PIURA
CAS. 2338-2005-DEL SANTA
CAS. 1463-2005-DEL SANTA
CAS. 749-2004-CUSCO
CAS. 2256-2004-LIMA
CAS. 1474-2005-DEL SANTA
CAS. 077-2010-LIMA
CAS. 2099-2010-LIMA
CAS. 700-2009-LA LIBERTAD
CONCORDANCIA AL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN
Ley N° 28628 (Regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas públicas)
D.S. N° 004-2006-ED (Aprueban Reglamento de la Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas públicas)
D.S. N° 022-2006-ED (Crean el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización - PRONAMA)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 2643-2008 LAMBAYEQUE
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 2643-2008 LAMBAYEQUE
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 15 DE LA CONSTITUCIÓN
R.M. Nº 0405-2007-ED (Aprueban Lineamientos de acción en caso de maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento sexual y violación de la libertad sexual a estudiantes de Instituciones Educativas)
R.M.N° 0519-2012-ED (Aprueban Directiva “Lineamientos para la prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia ejercida por personal de las Instituciones Educativas”)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN
D.S. N° 022-2006-ED (Crean el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización - PRONAMA)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 2643-2008 LAMBAYEQUE
CONCORDANCIAS CON EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN
D.S. N° 022-2006-ED (Crean el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización - PRONAMA)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 2643-2008 LAMBAYEQUE
CONCORDANCIA AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN
Ley N° 28411, Cuarta Disp. Final
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN
R. DEFENSORIAL N° 011-2005-DP
Ley N° 29164 (Promoción del desarrollo sostenible de servicios turísticos en bienes inmuebles, integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación)
R.VM.N° 243-2018-VMPCIC-MC (Aprueban Directiva Nº 005-2018-VMPCIC-MC denominada “Procedimiento de incautación de bienes muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación”)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 2105-2000 LIMA
CAS. 859-2001 PUNO
CAS. 678-2001. ICA CAS. 1833-2000 LIMA
CAS. 439-2002 LIMA
CAS. 1260-2003 ICA
CAS. 1699-2003 ICA
CAS. 1305-2003 LA LIBERTAD
CAS. 534-2004 HUÁNUCO-PASCO
CAS. 740-2004 LORETO
CAS. 1209-2005 LA LIBERTAD
CAS. 1073-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 014-2006-LIMA
CAS. 1770-2006-PIURA
CAS. 1941-2005-CAJAMARCA
CAS. 2256-2004-LIMA
CAS. 645-2005 CALLAO
CAS. 2712-2007 LIMA
CAS. 1137-2008. LIMA
CAS. 1950-2007 AREQUIPA
CAS. 1644-2007-LIMA
CAS. 694-2007-CUSCO
CAS. 7040-2008-LA LIBERTAD
CAS. 4476-2009 CALLAO
CAS. 3609-2009-LIMA
CAS. 2704-2009 LIMA
CAS. 3972-2009 CALLAO
CAS. 2853-2009 LIMA
CAS. 2408-2009 LIMA
CAS. 29-2009-CUSCO
CONCORDANCIA AL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. 01112-2012-PA-TC
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN
D.S. N° 003-2010-MIMDES (Aprueban la Relación de Trabajos Peligrosos y Actividades Peligrosas o Nocivas para la Salud Integral y la Moral de
las y los Adolescentes)
R.M.N° 204-2019-TR (Aprueban el reconocimiento “Sello libre de trabajo infantil” y el marco normativo para su implementación)
R.M.N° 284-2019-TR (Aprueban el “Plan de Acción de cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar 2019 - 2021, en
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 2105-2000 LIMA
CAS. 859-2001 PUNO
CAS. 678-2001. ICA CAS. 1054-01-CONO NORTE
CAS. 091-2001-LIMA
CAS. 115-2002 LAMBAYEQUE
CAS. 1833-2000 LIMA
CAS. 439-2002 LIMA
CAS. 293-2002-ICA
CAS. 715-2003 HUÁNUCO-PASCO
CAS. 976-2003 TACNA
CAS. 1260-2003 ICA
CAS. 1699-2003 ICA
CAS. 1305-2003 LA LIBERTAD
CAS. 089-2000-LIMA
CAS. 534-2004 HUÁNUCO-PASCO
CAS. 740-2004 LORETO
CAS. 1209-2005 LA LIBERTAD
CAS. 014-2006-LIMA
CAS. 1770-2006-PIURA
CAS. 235-2002-LAMBAYEQUE
CAS. 1941-2005-CAJAMARCA
CAS. 274-2005 CALLAO
CAS. 855-2004-PIURA
CAS. 2256-2004-LIMA
CAS. 2712-2007 LIMA
CAS. 5712-2007 LAMBAYEQUE CAS. 1137-2008. LIMA
CAS. 4261-2007 ICA
CAS. 1298-2007 HUAURA
CAS. 1950-2007 AREQUIPA
CAS. 1644-2007-LIMA
CAS. 171-2007 LIMA NORTE
CAS. 7040-2008 LA LIBERTAD
CAS. 4476-2009 CALLAO
CAS. 3609-2009-LIMA
CAS. 4593-2009-LAMBAYEQUE
CAS. 3449-2009 LIMA
CAS 2639-2009 PlURA
CAS. 3362-2009 LIMA CAS. 3748-2009 ICA
CAS. 2704-2009 LIMA
CAS. 3972-2009 CALLAO
CAS. 2599-2009-LIMA
CAS. 2853-2009 LIMA
CAS. 2408-2009 LIMA
CAS. 2099-2010-LIMA
CAS. 700-2009-LA LIBERTAD
CAS. 29-2009-CUSCO
CAS. 6759-2008-LA LIBERTAD
CONCORDANCIA AL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 2105-2000-LIMA
CAS. 859-2001-PUNO
CAS. 1266-2001-LIMA
CAS. 115-2002-LAMBAYEQUE
CAS. 439-2002-LIMA
CAS. 715-2003-HUÁNUCO-PASCO
CAS. 1260-2003-ICA
CAS. 1699-2003-ICA
CAS. 2068-2003-ICA
CAS. 1305-2003-LA LIBERTAD
CAS. 3860-2001-LIMA
CAS. 089-2000-LIMA
CAS. 534-2004 HUÁNUCO-PASCO
CAS. 740-2004 LORETO
CAS. 1209-2005 LA LIBERTAD
CAS. 014-2006-LIMA
CAS. 1770-2006-PIURA
CAS. 1941-2005-CAJAMARCA
CAS. 855-2004-PIURA
CAS. 2256-2004-LIMA
CAS. 2712-2007 LIMA
CAS. 1137-2008. LIMA
CAS. 4261-2007 ICA
CAS. 1298-2007 HUAURA
CAS. 1950-2007 AREQUIPA
CAS. 1644-2007-LIMA
CAS. 171-2007 LIMA NORTE
CAS. 694-2007-CUSCO
CAS. 7040-2008-LA LIBERTAD
CAS. 4476-2009 CALLAO
CAS. 3609-2009-LIMA
CAS. 4593-2009-LAMBAYEQUE
CAS. 4256-2009-LA LIBERTAD
CAS. 3449-2009 LIMA
CAS 2639-2009 PlURA
CAS. 3362-2009 LIMA CAS. 3748-2009 ICA
CAS. 2704-2009 LIMA
CAS. 3972-2009 CALLAO
CAS. 2599-2009-LIMA
CAS. 2853-2009 LIMA
CAS. 2408-2009 LIMA
CAS. 2099-2010-LIMA
CAS. 29-2009-CUSCO
CAS. 6759-2008-LA LIBERTAD
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 014-2006-LIMA
CAS. 439-2002 LIMA
CAS. 1130-2001. SAN MARTÍN
CAS. 1770-2006-PIURA
CAS. 1209-2005 LA LIBERTAD
CAS. 2853-2009 LIMA
CAS. 3748-2009 ICA
CAS. 3972-2009 CALLAO
CAS. 4256-2009-LA LIBERTAD
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 859-2001-PUNO
CAS. 1130-2001. SAN MARTÍN
CAS. 044-2002 LIMA
CAS. 115-2002 LAMBAYEQUE
CAS. 439-2002 LIMA
CAS. 1209-2005 LA LIBERTAD
CAS. 293-2002-ICA
CAS. 2068-2003-ICA
CAS. 2335-2003-LAMBAYEQUE
CAS. 3860-2001-LIMA
CAS. 089-2000-LIMA
CAS. 534-2004 HUÁNUCO-PASCO CAS. 740-2004 LORETO
CAS. 014-2006-LIMA
CAS. 235-2002-LAMBAYEQUE
CAS. 1941-2005-CAJAMARCA
CAS. 855-2004-PIURA
CAS. 4261-2007 ICA
CAS. 1298-2007 HUAURA
CAS. 171-2007 LIMA NORTE
CAS. 7040-2008-LA LIBERTAD
CAS. 3609-2009-LIMA
CAS. 4593-2009-LAMBAYEQUE
CAS. 3449-2009 LIMA
CAS 2639-2009 PlURA
CAS. 3748-2009 ICA
CAS. LAB. 2704-2009 LIMA
CAS. 2853-2009 LIMA
CAS. 29-2009-CUSCO
CAS. 6759-2008-LA LIBERTAD
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 071-2001-LIMA
CAS. 015 2001 LIMA
CAS. 044-2002 LIMA
CAS. 1260-2003 ICA
CAS. 1699-2003 ICA
CAS. 2068-2003-ICA
CAS. 1305-2003 LA LIBERTAD
CAS. 2335-2003-LAMBAYEQUE
CAS. 089-2000-LIMA
CAS. 534-2004 HUÁNUCO-PASCO
CAS. 740-2004 LORETO
CAS. 1941-2005-CAJAMARCA
CAS. 2712-2007 LIMA
CAS. 5712-2007 LAMBAYEQUE CAS. 171-2007 LIMA NORTE
CAS. 7040-2008-LA LIBERTAD
CAS. 3609-2009-LIMA
CAS. 4593-2009-LAMBAYEQUE
CAS 2639-2009 PlURA
CAS. 3748-2009 ICA
CAS. 2704-2009 LIMA
CAS. 2853-2009 LIMA
CONCORDANCIA AL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Caso Huilca Tecse Vs. Perú - Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, Capitulo VII, párrafo 73
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 31 DE LA CONSTITUCIÓN
Ley N° 26300 (Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 34 DE LA CONSTITUCIÓN
R.N° 317-2005-JNE (Reglamento sobre el ejercicio del voto de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú) R.J. N° 036-2006-J-ONPE (Disposiciones para el voto de los ciudadanos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional
del Perú)
Ley Nº 29248, Art. 7
FE DE ERRATAS
Fecha de publicación: 20-09-2020
DICE |
: Ley Nº 31042 |
DEBE DECIR |
: Ley Nº 31043 |
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 39 DE LA CONSTITUCIÓN
LEY N° 28212
FE DE ERRATAS
Fecha de publicación: 20-09-2020
DICE |
: Ley Nº 31042 |
DEBE DECIR |
: Ley Nº 31043 |
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN
D.S. N° 017-2005-JUS (Aprueban el Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010 elaborado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos) D.S. Nº 085-2007-PCM (Crean la Oficina Nacional Anticorrupción) Caso Durand y Ugarte Vs. Perú - Sentencia de Fondo, Capitulo X, párrafo 69
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 47 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 48 DE LA CONSTITUCIÓN
Ley Nº 29735 (Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú)
D.S.N° 011-2018-MINEDU (Decreto Supremo que aprueba el Mapa Etnolingüístico: lenguas de los pueblos indígenas u originarios del Perú - Mapa Etnolingüístico del Perú)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 51 DE LA CONSTITUCIÓN
LEY Nº 26889 (Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa)
D. S. N° 018-97-PCM (Régimen de gratuidad de publicaciones en el Diario Oficial El Peruano) D.S. N° 008-2006-JUS (Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa)
D.S. Nº 004-2008-PCM (Reglamento de la Ley Nº 29091)
D.S. Nº 001-2009-JUS (Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos
y difusión de Normas Legales de Carácter General)
CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS
Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Diecinueve (Transparencia), Art. 19.2.1
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 51 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 2428-2001-LIMA
CAS. 1054-01-CONO NORTE
CAS. 1886-2001-LAMBAYEQUE
CAS. 347-2001-SAN MARTIN-MOYOBAMBA
CAS. 1926-02-ICA
CAS. 1909-2003-LIMA
CAS. 976-2003 TACNA
CAS. 2052-2002-AREQUIPA
CAS. 2759-2003-LIMA
CAS. 1494-03-CALLAO
CAS. 855-2005-LIMA
CAS. 1073-2004-CHINCHA-ICA
CAS. 2263-2004-JUNÍN
CAS. 642-2006-LIMA
CAS. 261-2006-DEL SANTA
CAS. 621-2007-PIURA
CAS. 5389-2006-SANTA
CAS. 3450-2006-LA LIBERTAD
CAS. 2784-2006-LIMA
CAS. 2466-2006-ANCASH
CAS. 2338-2006-LIMA
CAS. 1292-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 1367-2002-ICA
CAS. 3052-2003-PIURA
CAS. 2890-2005-ICA
CAS. 3110-2005-CALLAO
CAS. 936-2005-AYACUCHO
CAS. 2177-2005-LIMA
CAS. 1366-04-LIMA
CAS. 1318-04-LIMA
CAS. 1212-2004-AREQUIPA
CAS. 1940-2004-ANCASH
CAS. 1202-2004-PIURA
CAS. 190-2004-CUSCO
CAS. 757-2004-LIMA
CAS. 427-2004-SANTA-CHIMBOTE
CAS. 1540-2007-AYACUCHO
CAS. 958-2007-HUANUCO
CAS. 4854-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 823-2007-LIMA
CAS. 1627-2005-SAN MARTÍN
CAS. 5930-2007-DEL SANTA
CAS. 114-2008-LAMBAYEQUE
CAS. 1398-2008-ICA
CAS. 2792-2007-LORETO
CAS. 2224-2007-LIMA
CAS. 1658-2007-LIMA
CAS. 4853-2007-LIMA
CAS. 2812-2007-LIMA
CAS. 866-2010-LIMA
CAS. 5540-2009-LA LIBERTAD
CAS. 3347-2009-UCAYALI
CAS. 2874-2009-LIMA
CAS. 2115-2009-LA LIBERTAD
CAS. 3439-2008-LIMA
CAS. 5631-2009-EL SANTA
CAS. 3128-2010-CALLAO
CAS. 2268-2011-LIMA
CAS. 4284-2010-ICA
CAS. 2500-2010-LIMA
CAS. 6759-2008-LA LIBERTAD
CAS. 6543-2008-HUANCAVELICA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 54 DE LA CONSTITUCIÓN
Ley N° 28621 (Ley de líneas de base del dominio marítimo del Perú)
CONCORDANCIAS AL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE LA CONSTITUCIÓN
Ley N° 26647 (Normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el Estado Peruano)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 2222-2004-CHICLAYO
CAS. 1664-2004-SULLANA-PIURA
CAS. 3473-2002-CALLAO
CONCORDANCIA AL ARTÍCULO 58 DE LA CONSTITUCIÓN
D.U.N° 003-2017 (Decreto de Urgencia que asegura la continuidad de Proyectos de Inversión para la prestación de Servicios Públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 58 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 1926-02-ICA
CAS. 5095-2006-AREQUIPA
CAS. 3838-2006-PIURA
CAS. 3398-2006-LIMA
CAS. 1569-2005-PIURA
CAS. 569-2006-CAÑETE
CAS. 1720-2005-AREQUIPA
CAS. 4728-2007-MOQUEGUA
CAS. 3845-2008-CAJAMARCA
CAS. 1950-2007 AREQUIPA
CAS. 2140-2010-LIMA
CAS. 942-2010-LAMBAYEQUE
CAS. 2762-2009-LIMA
CAS. 2800-2009-ANCASH
CAS. 2408-2009 LIMA
CAS. 1500-2009-HUANUCO
CAS. 1434-2009-LIMA
CAS. 1561-2009-MOQUEGUA
CAS. 938-2009-LIMA
CAS. 4869-2009-LIMA
CAS. 2099-2010-LIMA
CAS. 3858-2010-ICA
CONCORDANCIA AL ARTÍCULO 59 DE LA CONSTITUCIÓN
D. S. Nº 007-2008-TR
D. S. Nº 008-2008-TR
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 59 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CAS. 822-2000-CALLAO
CAS. 1670-02-UCAYALI
CAS. 1450-1999-TACNA
CAS. 5095-2006-AREQUIPA
CAS. 3838-2006-PIURA
CAS. 3398-2006-LIMA
CAS. 925-2003-LIMA
CAS. 2710-05-LA LIBERTAD
CAS. 1569-2005-PIURA
CAS. 569-2006-CAÑETE
CAS. 1720-2005-AREQUIPA
CAS. 2140-2010-LIMA
CAS. 2800-2009-ANCASH
CAS. 1500-2009-HUANUCO
CAS. 2915-2009-LIMA
CAS. 4869-2009-LIMA
CAS. 2099-2010-LIMA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN
D.S. Nº 034-2001-PCM D.S. Nº 088-2001-PCM D.S. Nº 098-2001-PCM Ley Nº 28579, Art. 1
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA